Por Miguel Ángel San Martín, desde Madrid.
El Rey de España, Felipe VI, ha encargado al líder derechista Alberto Núñez Feijóo que intente conseguir la mayoría de parlamentarios para conformar Gobierno para el próximo período de cuatro años. La decisión del monarca, encuadrada en la Constitución española, se produce debido a que ninguno de los dos líderes de los bloques políticos con posibilidades, ha conseguido sobrepasar los 176 diputados que marcan la mayoría absoluta del Parlamento.
El socialista Pedro Sánchez tiene más posibilidades de lograr esa mayoría, mediante pactos con los restantes partidos del arco político surgido en las últimas elecciones de julio pasado. Sin embargo, es Núñez Feijóo el que obtuvo más votos en dichas elecciones. Entonces, el Rey se inclinó por la tradición de otorgarle el encargo en primer lugar al más votado.
La opinión mayoritaria del país está señalando que la decisión real está condenada al fracaso, ya que es el izquierdista Sánchez quien ya ha demostrado que tiene los votos parlamentarios suficientes para gobernar. Quedó en evidencia luego de la elección de la Mesa del Congreso Nacional, que ahora ha quedado Presidida por la socialista Francina Armengol, quien obtuvo 178 votos, dos más que la mayoría absoluta. En esta votación, además de los grupos parlamentarios que se habían manifestado abiertamente partidarios de un gobierno de izquierdas, se sumaron dos parlamentarios del sector de los independentistas catalanes.
La situación de la política española está así, en un empate técnico evidente. Por lo tanto, las decisiones del Rey son muy significativas para la estabilidad política y social, y para la gobernabilidad de la Nación. Un papel, sin duda, no sólo complicado sino también arriesgado. El Rey debe ser y mostrarse ecuánime, porque es el monarca de todos los españoles, como está establecido en la propia Constitución.
La forma política del Estado Español es la Monarquía Parlamentaria. La Constitución de 1978 es la culminación de un proceso denominado de “transición hacia la Democracia”, por lo cual todas las instituciones administrativas del Estado deben someterse a esta Carta Magna, que fue aprobada por el Congreso Pleno el 31 de octubre de ese año y ratificada en Referendum el 6 de diciembre. Posteriormente fue Promulgada por el Rey Juan Carlos I el 27 de dicho mes, siendo publicada en el Boletín Oficial del Estado, entrando en vigor de inmediato, el 29 de diciembre de 1978.
El documento fue elaborado por un grupo de juristas de diversas tendencias políticas, a quienes se les califica como “Los padres de la Constitución”.
El Rey tiene el papel fundamental de conocer la opinión del pueblo en elecciones libres y democráticas. Y, después de analizar esos resultados, el Monarca hace consultas a los líderes políticos de los diversos partidos representados en el Parlamento. Y de allí saca las conclusiones para proponer al Congreso el nombre de quien estima puede gobernar. Si en primera votación, el candidato propuesto no alcanza la mayoría absoluta, en 48 horas se producirá una segunda votación, esta vez buscando solamente la mayoría simple de los asistentes. Si tampoco prospera, se vuelve a repetir las consultas y el Monarca realiza una segunda proposición. Si en esta segunda ocasión tampoco se resuelve la exigencia, el Rey procede a disolver la Cortes Generales y convoca a una nueva elección democrática.
En esta ocasión, con la decisión de proponer al Parlamento a Alberto Núñez Feijóo para presidir el nuevo Gobierno, Felipe VI está poniendo a prueba la capacidad de la derecha de alcanzar la mayoría absoluta. Pero, a la vez, está demostrando un apego total a la Constitución.
Es muy improbable que Núñez Feijó supere la barrera, pero la diferencia es tan menor, sólo cuatro votos en el Parlamento, que nadie se atreve a contradecir la decisión del Rey. Por el contrario, la gran mayoría de la sociedad española está convencida que, dentro de un mes, el izquierdista Pedro Sánchez conseguirá mantener las alianzas en un pacto de progreso que le da los votos suficientes para seguir gobernando.
La conclusión de todo esto es evidente: la sociedad española está dividida en dos mitades. Y eso provoca un gran desafío para el Rey Felipe VI. Si el primer candidato propuesto no gana, obviamente deberá hacer una nueva proposición, lo cual significará una aplicación de las leyes de este país. Pero, como ocurre desgraciadamente en muchas partes, si el primer nominado gana mediante acciones censurables, como la compra de votos, por ejemplo, ¿cómo va a reaccionar el pueblo y en qué nivel quedará el prestigio de la Corona?