La existencia de «chivos expiatorios» permite que políticos, jueces y militares duerman tranquilos.
Cuando nos sentimos frustrados, porque no vemos manera de resolver un problema, la respuesta más sencilla para canalizar esa impotencia, miedo o ansiedad es dirigirla hacia una tercera persona o un grupo. De hecho, a menudo la elección del chivo expiatorio es un proceso que se alimenta de manera inconsciente.
¿Estalló la paz?
El 11 de marzo de 1990, fue el fin de un proceso -la competencia política entre el Gobierno Militar y la Concertación y el comienzo de otro -la Transición- bajo el liderazgo de Aylwin1 que estableció un conjunto de tareas para materializarla: Regreso de las FFAA a su rol profesional. Enfrentar el problema de las violaciones a los DDHH en forma tal que satisficiera las exigencias de su conglomerado político, que evitara el arrinconamiento de los militares y combinara justicia con prudencia para conseguir la reconciliación nacional, entre otras.
La primera prioridad se puso en la normalización de las relaciones entre el poder político y las FFAA.
Por la parte militar “La fuerza del legalismo y la tradición profesional de las FFAA se tradujo en que la continuidad de un rol político militar no estuvo nunca entre los objetivos militares, con lo que quedó descartada la posibilidad de un nuevo golpe de Estado» 2.
Aylwin se movió rápido. No derogó la Ley de amnistía de 1978 y para tranquilizar a sus socios de más a la izquierda, lanzó el concepto de las “leyes Cumplido” 3: “esclarecer la Verdad, se haga justicia, en la medida de lo posible, y venga después la hora del perdón” para lo cual se constituyó la “Comisión de Verdad y Reconciliación” que excluía la pretensión de enjuiciar el régimen pasado o a las FFAA4.
Así se conformó la “Comisión Rettig” cuyo trabajo “fue complementado con una intensa presión política y de los juristas del mundo de la Concertación que hizo suya el Presidente”, quien afirmó que la Ley de Amnistía de 1978 no impedía investigar hasta llegar a la identificación de los culpables y que ello era condición previa a su aplicación. Según Boeniger, el “informe fue lapidario” y la Comisión estableció que los detenidos -desaparecidos fueron algo menos de 2000 detenidos “con obvio resultado de muerte”5, pero que evidentemente los secuestros fueron efectuados por los servicios de seguridad del gobierno, con la pasividad del Poder Judicial. El informe rechazó “en forma categórica la noción de que Chile hubiese vivido un estado de Guerra Interna6”. Así “se estableció, sin duda ni réplica, lo que se pasó a denominar la verdad histórica y global sobre lo ocurrido”, resolviendo “uno de los problemas más conflictivos de DDHH y de la incisiva movilización de las agrupaciones de familiares, dirigida por personas de reconocida cercanía con el PC y la extrema izquierda”7.
En septiembre de 1980 el PC efectuó “un cambio, adoptando la estrategia denominada “de rebelión popular de «masas” que incluía el uso de la violencia y los aparatos militares para derrocar al régimen” “que más tarde derivó en la creación de las Milicias Rodriguistas y del Frente Manuel Rodríguez conformando “un proceso de masas, político, ideológico, moral y cultural, organizativo civil, militar y paramilitar que se engrana con toda la actividad del pueblo”8.
Esta reorientación de la lucha clarifica bien la variación de las bajas entre los grupos militares que luchaban contra el Gobierno Militar. Los primeros combates fueron entre los “agentes del Estado” en sus diversas configuraciones y el MIR, que actuaba desde la clandestinidad y cuyas bajas lo llevaron a la derrota militar y desaparición. Desde comienzos de 1980, fueron remplazados por las milicias militares y paramilitares comunistas ya identificadas, que recibieron el grueso de los esfuerzos militares del Gobierno para su destrucción, que se tradujo en un incremento exponencial de las bajas de las fuerzas del PC.
El arsenal enviado a Carrizal Bajo por el gobierno de Cuba fue capturado en su casi totalidad y ello desarticuló por completo la estrategia del PC para dar comienzo al Estallido 1.09. El fracaso del intento de asesinato del general Pinochet una semana más tarde, marcó la derrota final del esfuerzo militar del PC, su regreso a las formas políticas de acción y su ingreso a regañadientes a la Concertación10.
Este breve recuento nos lleva a algunas conclusiones.
– El objetivo principal del Gobierno civil fue normalizar su relación con las FFAA y lo consiguió liberándolas conceptualmente del Gobierno Militar y de la carga política, ideológica y judicial correspondiente.
– Los militares tuvieron una actitud defensiva orientada a “no aceptar ninguna forma de condena colectiva o imputación de responsabilidad a las instituciones armadas como tales”11. Para lo anterior se adoptó la política de que “los delitos de DDHH cometidos por “agentes del estado”, durante el Gobierno Militar eran imputables a persona y no a los mandos institucionales12”. Con esta decisión se abrió la temporada de caza de “agentes del estado”, que habrían actuado como individuos – por si y ante si- fuera del esquema de mando militar y funcionario de las instituciones que los encuadraban y cuyos mandos quedaron exentos de juicio político, moral y judicial.
– El problema de los DDHH fue dividido en dos partes, un juicio político e ideológico que se desarrolló en el Congreso Nacional, los medios de comunicación social, la acción propagandística y el otorgamiento de pensiones e indemnizaciones a todos los que se declararon perjudicados por el Estado durante el Régimen Militar y otra a configurar un conjunto de “agentes del estado” con los que se conformó un grupo de chivos expiatorios adecuado para recibir un duro castigo que satisficiera las aspiraciones de todos los interesados en “hacer justicia”.
– El Poder Judicial, culpado de haber sido cómplices de los atropellos a los DDHH durante el Gobierno Militar, fue neutralizado mediante un enérgico reemplazo de los miembros de la Corte Suprema y una reforma judicial que incorporó a jueces políticamente correctos con “credenciales democráticas”, respaldada por una barrida de “agentes” que fueron sometidos a juicios rápidos y encarcelados, con legislación ad-hoc e interpretada favorablemente para los fines del Gobierno.
¿Chile país de hermanos?
Las decisiones concertadas, ilegales e inmorales del conjunto de las nuevas elites políticas, oficialista y de oposición, construyeron “en los bordes de los posible” un esquema basado en chivos expiatorios, con el silencio aprobatorio de los mandos militares que se sentían implicados por los excesos cometidos. Los viejos y nuevos políticos entraron en un ejercicio de “democracia de los acuerdos” funcional al momento político pero lejano a la ética pública y la responsabilidad política.
La implacable captura y encierro de las bestias permitió y sigue permitiendo que los políticos, los militares y los jueces duerman tranquilos y en paz entre ellos. Es la función de los chivos expiatorios. La violencia destructiva y homicida del “Estallido 2.0” es hija de esta hipocresía devenida en corrupción.
1 Mensaje al Congreso 21 de mayo de 1991
2 Edgardo Boeninger.
3 Leyes (Francisco) Cumplido.
4 Edgardo Boeninger
5 Aunque ello nunca fue probado
6 Dado que las FFAA no se dividieron en bandos contendientes. Lo que, a mi juicio es una interpretación escuálida y anticuada de la naturaleza de los conflictos actuales.
7 El 30 de diciembre de 1992 la Corte Suprema establece que la Amnistía no es aplicable a los casos de detenidos
desaparecidos y se inventa la figura (ficción jurídica) del “secuestro permanente”.
8 “Mi vida”, Ricardo Lagos
9 El Estallido 2.0 lo intentaron el 18 de octubre de 2019, también derrotado por las fuerzas del orden.
10 Estos hechos, a mi entender, arrojan dudas sobre el aserto de la Comisión Rettig de que “Chile no hubiese vivido un estado de Guerra”.
11 Edgardo Boeninger
12 Contradiciendo la más básica doctrina y moral militar