Todos los intentos de reforma muestran hasta ahora solo la voluntad de controlar lo que parece un pingue negocio, y que funciona sobre la base de patentes o concesiones que otorga el Estado, de manera bastante discrecional y arbitraria. En ninguno de esos intentos, ni un solo parlamentario, autoridad o funcionario político, se ha referido a como se resguardan o como quedan los derechos laborales de los funcionarios y trabajadores que se desempeñan en los oficios.
Hoy existen más de cuatro proyectos avanzados de Reforma de los Conservadores de Bienes Raíces del país, que son modificaciones al llamado “Sistema Registral de Chile” por las autoridades políticas y parlamentarios que los impulsan. También tienen otros nombres. Un ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, le llamó a su proyecto Reforma del Sistema de Notarios, en una operación política en donde lo más importante era privatizar la Fe Pública creando más de tres mil fedatarios, con patente para certificar con su sola firma qué cosa era legal y qué no lo era. ¿Cuál es el interés de fondo? El Sistema Registral contiene el registro de toda la propiedad patrimonial del país, pública y privada, lo que implica un incalculable volumen de recursos económicos. Controlarlo es un poder casi incalculable.
Todos los intentos de reforma muestran hasta ahora solo la voluntad de controlar lo que parece un pingue negocio, y que funciona sobre la base de patentes o concesiones que otorga el Estado, de manera bastante discrecional y arbitraria. En ninguno de esos intentos, ni un solo parlamentario, autoridad o funcionario político, se ha referido a como se resguardan o como quedan los derechos laborales de los funcionarios y trabajadores que se desempeñan en los oficios, luego de la reforma que impulsan. Tampoco, ningún Conservador de Bienes o notario, ha sido capaz de abandonar por un instante su sitial de privilegios de ser los funcionarios públicos mejor pagados del país, y hablar de la realidad laboral de los oficios y las condiciones en que quedarían sus trabajadores luego de las reformas. Eso, sin considerar que Conservadores, Archiveros y Notarios son funcionarios auxiliares de la Justicia, normados en el Código Orgánico de Tribunales y asegurados por ley, mientras que sus trabajadores están afectos al Código del Trabajo y experimentan todos los abusos y precariedades de la ley laboral común.
El proyecto madre es la ley impulsada el 2018 por el Presidente Sebastián Piñera, que se paralizó en la Comisión de Constitución del Senado pese a que tuvo 50 decretos de suma urgencia. Ello debido a las graves deficiencias técnicas y de financiamiento, sobre todo en materia de repositorios digitales unificados y financiamiento para su puesta en servicio. Algo que tienen prácticamente todos los proyectos presentados, pues ellos evidencian más un interés político por controlar e influir los gestores del negocio, antes que una mejora real de un sistema registral que interesa a todo el país. Ninguno toca la realidad de funcionamiento del sistema y todos apuntan a fragmentarlo en varios oficios más.
La realidad tecnológica y las condiciones de servicio de los Conservadores son totalmente asimétricas y diferentes en todo el país, la mayoría no tiene servicios digitales remotos, y subsisten a base de ingresos propios y la voluntad discrecional del concesionario de hacer inversiones en el oficio, pese a que lo obtuvo solo, o casi, por favores políticos. Los trabajadores son prácticamente precarios, a menos que por importancia del oficio se pueden organizar en asociaciones gremiales y sindicatos y negociar sus condiciones laborales.
“La heterogeneidad del Sistema Registral en el país es total” señala un trabajador del Conservador de Santiago, tal vez el mejor organizado del país. “A nivel nacional reúne unos 1500 trabajadores, pero se requiere esfuerzos concentrados de homologación y desarrollo que hasta nadie se ha preocupado en solucionar. Ni el Ministerio de Justicia ni en el Congreso Nacional” señala. Y agrega “Una gestión de Sistema Registral en forma, requiere sistemas de control de fe pública, distinciones patrimoniales, control en la circulación comercial de bienes, valoración de activos fijos y, en general, una plataforma digital de operación en línea con certidumbre jurídica, que ninguno de los proyectos garantiza o ni siquiera imagina”. Y por cierto, concesionarios conscientes que no lleguen solo a lucrar, o a organizar los Oficios como empresas familiares.
Por ello, los trabajadores señalan que dividirlos sin más y no apostar a modernizar para un sistema convergente y funcionando en línea en todo el país, es ineficiente para los propósitos profesionales del servicio, e incluso amenaza la Seguridad Nacional, pues cualquier organización criminal podría, con métodos básicos, penetrar la superficie que protege el patrimonio nacional público y privado actual, con graves consecuencias para todo el país. Cualquier cambio hecho de manera ineficiente, crea un riesgo patrimonial y de seguridad al obligar a migrar inscripciones, posiblemente duplicarlas, alienta inscripciones fraudulentas, amplifica los costos de operaciones en un nuevo sistema improvisado, todo lo cual nunca estuvo analizado ni resuelto de manera previa en ninguna iniciativa gubernamental o parlamentaria.
“El Sistema Registral es un componente esencial del funcionamiento de otros servicios del Estado relativos a bienes y derechos ciudadanos, y a procedimientos judiciales como derecho de herencia, prendas de comercio, aguas, filiación, inscripción de bienes nacionales, y otros, que afectan la circulación de bienes en una economía de libre mercado” señala un ex dirigente sindical del Registro Civil. Y eso esta por verse. “En el SRC tenemos atrasos de mas de un año en procedimientos, y cada día nos recargan más. Lo último fue el repositorio de Poderes. Si usted desea casarse, le damos hora para seis meses. Con suerte”.
Todos los funcionarios de los Conservadores están convencidos que sus derechos laborales están en riesgo. Y que los impulsos, propuestas y contribuciones a la modernización que han hecho durante años no han sido considerados y ellos mismos podrían ser utilizados como moneda de cambio en cualquier negociación puramente burocrática. Pese a que muchos de ellos, como los del Conservador de Bienes de Santiago, tienen contratos colectivos vigentes.
