Este jueves Perú amanece con una nueva presidenta, Dina Boluarte, después de una turbulenta jornada en la que hubo amenazas de cierre del Congreso y una declaración de vacancia en contra de Pedro Castillo.
Castillo, quien fue hasta este miércoles presidente de Perú en una gestión de gobierno que duró apenas 18 meses, fue capturado pocas horas después de haber intentado disolver el Congreso peruano, una medida que fue catalogada por muchos estamentos peruanos de «un golpe de Estado».
Tras ser detenido, el ahora expresidente fue enviado al penal de Barbadillo, el mismo donde está recluido otro expresidente -quien también cerró el Congreso-, Alberto Fujimori.
Este jueves, el Poder Judicial de Perú informó en su cuenta de Twitter que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar por flagrancia de Castillo por un plazo de siete días (hasta el 13 de diciembre).
El exmandatario es investigado por los delitos de rebelión y conspiración.
Según se reseña en el acta judicial, durante la audiencia realizada este jueves la defensa de Castillo rechazó ante la justicia que este haya incurrido en rebelión y argumentó que este delito requiere que el sujeto se levante en armas, lo que está vinculado a la violencia, y que en su caso no hubo ninguna de las dos cosas.
Perú ha enfrentado una sostenida crisis institucional que ha llevado al país a tener seis presidentes en menos de cinco años.
Además, muchos de los mandatarios que han gobernado el país en los últimos 20 años han tenido problemas con la justicia.
De hecho, uno de ellos, Alan García (quien gobernó el país en dos ocasiones, la última desde 2006 hasta 2011), se suicidó cuando las autoridades se acercaron a su residencia para capturarlo bajo acusaciones de diversos delitos de corrupción.
Los otros exmandatarios que tienen que responder ante los tribunales son Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, además de los mencionados García, Fujimori y Castillo.
La nueva presidenta pidió una «tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional» y anticipó que combatirá la corrupción con el apoyo de la Fiscalía y de la Contraloría.
Qué se le imputa
Castillo fue capturado por la policía después de que hubiera salido de la Casa de Pizarro, el palacio de gobierno, en la tarde del miércoles.
La detención se realizó en la prefectura de Lima, en un procedimiento en el que estuvo presente la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
Según dio a conocer el organismo judicial, a Castillo, quien fue enviado a prisión de forma preventiva, se le abrió un proceso preliminar por «quebrantar el orden constitucional».
En el comunicado se refieren a que el exmandatario habría violado el artículo 346 del Código Penal, que señala que: «El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años».
Por esa razón, miembros de la Fiscalía realizaron operativos simultáneos en el palacio de gobierno, en la presidencia del Consejo de Ministros y otras oficinas gubernamentales con el fin de buscar pruebas para sustentar la acusación.
«Los operativos tenían como objetivo recabar elementos de convicción respecto a la investigación que se le sigue al presidente», escribió el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
Sobre los aspectos legales, el abogado especialista en temas constitucionales Erik Urbina le dijo al canal peruano RPP que el expresidente cometió una «infracción constitucional por lo cual debe ser deshabilitado» hasta por 10 años.
Urbina aclaró que esta es la razón por la que la Fiscalía tomó el caso.
Pero además de esto, en octubre la misma Fiscalía de la Nación había presentado una acusación formal en contra del mandatario, en la que lo señalaba de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.
En el caso, que también fue presentado por Benavides Vargas, la investigación hecha por el ente acusador había revelado indicios de que Castillo era el presunto cabecilla de una red responsable de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
La detención preliminar de Castillo por siete días fue acordada para dar tiempo a que la Fiscalía realice la investigación correspondiente para decidir cómo proceder en este caso.
«Respecto del plazo de la medida por siete días, éste resulta necesario, idóneo y proporcional, toda vez que permitirá a la Fiscalía realizar los actos de investigación o diligencias urgentes e inaplazables, tanto de cargo como de descargo, para determinar si prosigue con la investigación», se apunta en el fallo.
Entre los argumentos valorados antes de tomar esta decisión, el acta judicial menciona el «riesgo razonable de que el imputado pudiera influir sobre testigos, utilizar a terceros para inducirlos en su comportamiento y participación en las diligencias, así como suprimir u ocultar elementos de convicción».
Las autoridades también consideraron que existe un peligro de fuga y, en su argumentación, valoraron lo señalado por la Fiscalía en el sentido de que cuando fue detenido Castillo se dirigía hacia la embajada de México en Lima y que, según recogió la prensa, el canciller de ese país, Marcelo Ebrard, había expresado la disposición de darle asilo.
