La reunión citada en La Moneda por el Subsecretario del Interior con los directores de los colegios emblemáticos de Santiago, para hablar sobre la violencia en los establecimientos educacionales de la capital, deja en claro que las más altas autoridades del Ministerio del Interior no saben qué hacer con el problema y carecen de una noción política de qué es la autoridad.
La inútil discusión sobre la aplicación de la Ley Aula Segura – sobre la cual el Gobierno acertadamente no quiere insistir en su aplicación- indica que el problema es más general, y permea a todo el cuerpo político. La mecánica legal de la vocera de la Corte Suprema Angela Vivanco, y la crítica parlamentaria vacía de la oposición, dejan en claro que el país tiene exceso de malas leyes, entre ellas Aula Segura, y carece de criterios orientadores en materia de política criminológica.
En lo inmediato, inquieta que la reunión citada en La Moneda, fuera para pedirle a los directores de los liceos emblemáticos que se transformaran en colaboradores del Ministerio Público y las policías, entregando la información que tengan sobre los alumnos, para investigar la violencia estudiantil de sus establecimientos. Nada más, subrayó el Subsecretario.
El poder político debiera dejar de lado sus clichés televisivos sobre la inteligencia y la seguridad, y abocarse en serio a una orientación criminológica que contribuya a salvar una generación completa de educandos. Los del 2006 y del 2012 hoy gobiernan. ¿Qué pasará en 10 años con los overoles blancos?
Sin embargo, tal petición equivale a demoler la única institución que al interior de ellos, eventualmente fortalecida con mecanismos consultivos ampliados, puede permitir construir el muro de autoridad legítima ante y con la comunidad escolar. La entrega de información al Ministerio Público o las policías, sin ser soplonaje, sí pertenece al ámbito de la construcción de mecanismos coercitivos, que son de la responsabilidad del Estado en otros ámbitos. Para los colegios ellos debieran implicar programas de inteligencia y prevención con redes reservadas y programas especiales dispuestos para territorios amplios, y no como una política escolar que es parte del Reglamento de los establecimientos. La capacidad coercitiva que Aula Segura le entrega a los directores, genera discrecionalidad, desconfianza y tensiones de poder e intereses en la comunidad escolar, y que es lo principal para no insistir en su aplicación.
La desorientación del Gobierno en particular y del Estado en general proviene de confundir ejercicio del poder político con la autoridad y no entender que si bien cada vez que se habla de autoridad se habla también de poder, su ejercicio administrativo político es un poder estabilizado por la adhesión de los ciudadanos (obediencia) a las instituciones jerárquicas del sector.
En el ámbito educacional, ese componente es crítico por su incidencia en los niveles de formación. En ellos, la estabilidad se expresa en la existencia de una base de legitimidad legal, pero que requiere, en la medida que es un microcosmos social complejo, también de una base de legitimidad social, que proviene de la aceptación de los principios de orden que determinan el carácter de colegio. Equivale a lo que en la teoría de la organización administrativa de un ente se denomina consenso organizativo interno y que implica algo más profundo que el simple acatamiento de las reglas, aunque este es lo esencial.
La desorientación del Estado de Chile acerca de la autoridad, particularmente en el ámbito educacional, no es nueva. Ya el año 2006, durante la llamada revolución de los pingüinos, La Moneda trató de imponerle al ministro de Educación Martín Zilic que se coordinara con la ANI, para efectos de controlar el movimiento estudiantil, a lo cual el ministro se opuso terminantemente, con la opinión favorable del ministro del Interior de la época, Andrés Zaldívar.
El titubeo solo terminará cuando el Gobierno asuma que su modelo intuitivo de autoridad persuasiva, no va a funcionar en materia de seguridad con una generación de jóvenes cuyo desarrollo de conocimiento basado en lo digital, deconstruyó hace años las imágenes y mecanismos de autoridad de la sociedad. Y que el debate sobre el aula y los establecimientos – incluso de sus diseños funcionales- están atrasados. No faltan bancos, vidrios en las ventanas o laboratorios. Sobran murallas y espacios funcionalmente vacíos, y el orden de pertenencia no tiene ni jerarquía ni autoridad. La escuela y la adrenalina del conocimiento hoy no compiten con la adrenalina de la calle y la violencia.
No es difícil descubrir quienes están detrás de los hechos violentos en los colegios. Pero se requiere descontaminarlos de la desconfianza y poder de secta que los domina. Por tanto, el poder político debiera dejar de lado sus clichés televisivos sobre la inteligencia y la seguridad, y abocarse en serio a una orientación criminológica que contribuya a salvar una generación completa de educandos. Los del 2006 y del 2012 hoy gobiernan. ¿Qué pasará en 10 años con los overoles blancos?
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
