Luego del “gambito de dama y enroque” ministerial, en general percibido como inevitable pero confuso en varios temas, el Gobierno sigue con el pie en el acelerador, y no toma su gestión con algo de calma y aire en los pulmones. No parece percibir que ya comenzó para él la cuenta regresiva, sin que todavía no gobierne ningún tema de la agenda, y en gran medida sigue pegado al tema de la nueva Constitución.
Nada gana políticamente con impulsos innecesarios al nuevo proceso constituyente, más allá de lo declarado por la flamante nueva ministra de la Segpres Ana Lya Uriarte, de derivarlo al Congreso y a los partidos políticos para producir acuerdos. Además, el tema forma parte ya de la agenda política del país y está a firme en la convicción y voluntad nacionales. La premura de las vocerías de la ministra Camila Vallejo y del presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, solo generaron molestias en Chile Vamos pues solo existen principios de acuerdo y, todavía, queda bastante camino por recorrer.
Se debe agregar la decisión de usar la fuerza legítima de que está dotado el Estado. De la manera menos letal posible, para tener la menor cantidad de víctimas. Pero sin ambigüedades. Porque si alguien piensa que se pueden asaltar los cuarteles policiales sin recibir respuesta incluso letal, o atentar contra la vida de las personas de manera impune, entonces el Estado se disuelve, pues su autoridad y los símbolos de ella ya no existen.
Con todo, el Gobierno tiene más aire para su gestión con la inclusión de Carolina Tohá como Ministra del Interior. Tiene una sólida formación en temas de Estado y gobierno, y un carácter marcado por lo asertivo de sus juicios, como quedó en evidencia en sus primeros días en el cargo. Sin embargo, ella deberá enfrentar una triple tarea y, en su oportunidad, las eventuales borrascas que le lleguen desde el pasado por sus temas pendientes con la Contraloría y por las relaciones del PPD con Soquimich y las platas del financiamiento ilegal de la política, cuando ella dirigía ese partido.
En su cargo, lo primero será actualizar un Ministerio del Interior que desde hace mucho, carece de una orgánica coordinada en materia de seguridad. Las fallas de coordinación de sus organismos dependientes no se deben a Izkia Siches pues esta más bien fue una víctima de ellas. Ya partieron durante la administración de Michelle Bachelet y se descontrolaron casi absolutamente durante el gobierno de Sebastián Piñera. Para su gestión exitosa, más allá de lo propio de su ministerio, que conoce bien como política, le faltará la coordinación interinstitucional con el Ministerio de Justicia, organismo donde penan las ánimas por falta de conducción adecuada. Ahí esta el nudo de articulación con el Ministerio Público, especialmente.
Un segundo aspecto donde se debe armonizar gestión, eficiencia y cambio, es en las fuerzas policiales y la inteligencia del Estado. Para qué insistir en termas ampliamente conocidos que deben incluir un severo control de probidad interna de las policías, las que están acostumbradas de larga data a no informar transparentemente su gestión a las autoridades civiles, no rendir cuenta pormenorizada de sus recursos y pedir recursos sin racionalidad. Todo ello no obstante reconocerles el importante papel que tienen y apoyarlas como agentes de la ley.
El tercer aspecto complejo a enfrentar, es la evolución y carácter de la actividad criminal en el país. Desde la pérdida de control territorial efectivo por la ley debido a actividades protoinsurgentes con justificación y amparo de la política; el crimen organizado en estado de asentamiento y coordinación, que plantea un serio desafío a la salud económica del país y un riesgo de seguridad nacional; y, en tercer lugar, la violencia como el recurso más abundante para las comisión de los delitos. La intensidad de la violencia micro social y espontánea, junto a la inseguridad territorial y la creación de barrios peligrosos en todo el país, es un problema mayor. De esa capacidad de violencia inmediata proviene la flexibilidad para migrar de delito a delito, desorientando las investigaciones criminales y volviendo ineficiente la acción policial.
Por cierto, tales desafíos deben enfrentarse primero con los recursos que se tiene. Pero hay que trazar objetivos claros a corto y mediano plazo, que no son más armas sino más instrumentos de investigación e inteligencia para focalizar las acciones de control y represión y hacer eficiente la acción del Ministerio Público. El país necesita urgente un laboratorio de última generación en materia de balística, con un registro nacional de armas que sea inviolable. Requiere, complementariamente un laboratorio Nacional de ADN.
A lo anterior se debe agregar la decisión de usar la fuerza legítima de que está dotado el Estado. De la manera menos letal posible, para tener la menor cantidad de víctimas. Pero sin ambigüedades. Porque si alguien piensa que se pueden asaltar los cuarteles policiales sin recibir respuesta incluso letal, o atentar contra la vida de las personas de manera impune, entonces el Estado se disuelve, pues su autoridad y los símbolos de ella ya no existen.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
