Recurrentemente se escucha de las autoridades del Ministerio del Interior declaraciones sobre los esfuerzos de la Policía de Carabineros en el combate al delito y la violencia que campean en el país.
También se conoce declaraciones de ciudadanos sobre el abandono de seguridad que perciben y su desconfianza en la acción de Carabineros. El Ato Mando de la policía uniformada insiste en que ello es una campaña de desprestigio, y que, en lo esencial, las fallas se deben a falta de medios y un financiamiento insuficiente.
El justo medio de todas estas declaraciones, más allá de engañosos guarismos estadísticos que solo contribuyen a rutinizar los malos resultados en materia de seguridad, está en que Carabineros se manda solo o poco menos, y nadie controla. La falta de medios tiene un origen significativo en las malas adquisiciones, en la falta de transparencia y probidad en la gestión de sus recursos, y en la omisión de control de los responsables civiles de lo que hace la institución.
Hechos de esta naturaleza cuestionan los principios rectores de todo el procedimiento de compras públicas, e implican la consagración normal de infracciones directas a la libre competencia y a los principios de mercados sanos.
Las compras de Carabineros cada cierto tiempo terminan judicializadas, por licitaciones anormales o simple discrecionalidad. Tal es el caso de la licitación para arrendamiento del Sistema de Despacho Policial, CAD (Licitación Pública ID 5240-26-LR22) por un monto total de 32 mil millones de pesos. Uno de sus componentes, el C-3, por un monto de 10 mil millones de pesos, fue para arrendar un SAP para una integración de datos del programa PROSIRVEPOL, destinado a optimizar la intercomunicación en la operación policial y luego de su apertura el único postulante fue SONDA.
La Resolución de Carabineros que aprobó las Bases de Licitación (Resolución Afecta N°2 de 14 de enero de 2022) estableció la inusitada exigencia que “El conector o interfaz de la resolución PROSERVIPOL para poder conectarse con SAP debe contar con certificación SAP. El oferente debe considerar incorporar servicios de la empresa SONDA para la integración y transferencia de datos entre SAP y PROSERVIPOL”. Algo tan insólito como obligar a los oferentes a comprarle a una empresa posible competidora o, lo que es lo mismo, páguele a SONDA para poder concursar.
La avalancha de preguntas de los interesados que compraron las bases no se hizo esperar, especialmente para que se aclarara si la exigencia de incorporar los servicios de SONDA era compatible con la licitación, en la medida que ella también era un potencial competidor.
La respuesta de Carabineros a la pregunta 271, en la fase Respuestas del proceso licitatorio, no sólo aclaró, sino que reiteró la exigencia de tener acreditados servicios de la empresa SONDA, a cualquier oferente. Lo insólito de este requerimiento es que el país cuenta con una red de 40 empresas en Chile, autorizadas y con webservices que incluyen SAP.
Más absuda resultó la situación de que la empresa subcontratada por SONDA para proveer el sistema de «clase mundial» (que por cierto no se acredita esta categoría de clase en ningún lado) del PROSERVIPOL, la compañía SOLEM-actual proveedor de Carabineros-, no tiene la certificación SAP requerida y exigida por las bases de licitación.
La realidad cruda y dura pareciera ser que SONDA sería la estrellita dorada de los adjudicatarios de Carabineros en materia de software, y el requerimiento fue un cariño tipo trato directo elusivo, muy al estilo del mecanismo chileno consagrado en el país para adjudicar licitaciones de manera discrecional.
El certificado SAP podría haber sido provisto por cualquiera, no necesariamente solo por SONDA, aunque las Bases lo determinaran así.
Pero aún más, las Bases determinaron que el trabajo de interconexión de datos solo lo podía hacer la empresa SONDA, según consta en la Respuesta 271. Es decir, el problema no es la certificación SAP, sino quién hace la integración, y que las Bases determinaron que solo fuera SONDA: “El oferente debe considerar incorporar servicios de la empresa SONDA para la integración y transferencia de datos entre SAP y PROSERVIPOL”.
La pregunta de fondo es quién controla este tipo de Cláusulas. Es de cajón que ello debiera interesar a la Fiscalía Nacional Económica, además del control administrativo necesario del Ministerio del Interior y de la Contraloría General de la República. Ello porque hechos de esta naturaleza cuestionan los principios rectores de todo el procedimiento de compras públicas, e implican la consagración normal de infracciones directas a la libre competencia y a los principios de mercados sanos.
Las interrogantes que quedan dando vuelta para un organismo regulador como la FNE son tres: Cuál hubiera sido el resultado de la licitación si un oferente no hubiera considerado los servicios de la empresa SONDA sino de otra empresa con SAP?
Dos, si existen 40 o más empresas de SAP solo en Chile, ¿Por qué se limitó solo a una empresa específica? (Párrafo 3, página 145 de las bases de licitación).
Tres ¿Cómo puede Carabineros controlar el precio más conveniente de lo que paga por un servicio, si no puede incidir en lo que SONDA, a quien coloca en posición dominante en una licitación, lo que puede cobrarle a cualquier otro oferente?
En tales circunstancias, los guarismos estadísticos y las explicaciones sobran. Chile no es un stand en la comunidad de Estados, pero va camino de serlo con el nombre de absurdistán, así, con minúsculas.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
