Dos fiscales en Argentina pidieron penas de prisión de hasta 12 años e inhabilitación para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por supuesta corrupción en la obra pública durante su gobierno.
La exmandataria está acusada de administración fraudulenta y de haber encabezado una asociación ilícita junto con su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner, durante los gobiernos de ambos (2003-2015).
Esta presuntamente se dedicaba a direccionar la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde aún mantiene su residencia la vicepresidenta.
En su alegato final, el fiscal Diego Luciani aseguró que «se trató de la mayor maniobra de corrupción del país», y dijo que perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones, dinero que pidió fuera decomisado de los bienes de los acusados en caso de ser condenados.
Por su parte Cristina Kirchner, cuyo abogado defensor presentará su alegato final en el mes de septiembre, ha rechazado todas las acusaciones, asegurando que es víctima del «lawfare» (guerra jurídica).
Poco después de que el fiscal pidiera las penas para Kirchner, el presidente, Alberto Fernández, tuiteó un mensaje en apoyo a su vicepresidenta:
«Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina», escribió en la red social a través de su cuenta @alferdez (pic.twitter.com/cOMH2iKjnK)
Varios otros dirigentes de la coalición gobernante se expresaron en las redes a favor de la expresidenta.
Pero también hubo muchos que salieron a festejar el pedido de prisión para la líder kichnerista, tanto en redes como en las calles, flameando banderas y golpeando cacerolas.
Entrada la noche, se registraron algunos incidentes frente al departamento de la vicepresidenta en Buenos Aires, entre personas a favor y en contra de la dirigente.
Se trata del primer juicio oral que enfrentó la vicepresidenta, cuyas otras causas por presunta corrupción han sido sobreseídas.
El juicio por el llamado «caso Vialidad» comenzó en mayo de 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.
La entonces senadora declaró como indagada tres días después de haber anunciado que se postularía para la vicepresidencia, con Alberto Fernández como candidato presidencial.
Kirchner, quien se negó a responder preguntas de la querella, acusó a los jueces de tener «la condena escrita» y dijo ser víctima de una persecución política.
«A mí me absolvió la historia. Y a ustedes, seguramente los va a condenar la historia», les dijo a los magistrados.
A través de su cuenta en Twitter, desmereció las acusaciones de que había direccionado la obra pública.
«Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial», escribió.
Tras conocerse el pedido de penas, dijo que no estaba «ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial».
Este martes la vicepresidenta realizó un largo descargo a través de una transmisión en vivo por touTube en el que aseguró que «nada de lo que dijeron los fiscales fue probado».
La vicepresidenta dijo que la justicia de Santa Cruz ya había investigado las obras cuestionadas y que sobreseyó a los sospechosos.
Además, dijo que la verdadera corrupción en la obra pública la protagonizaron empresarios cercanos al macrismo, entre ellos uno de los amigos más íntimos de Macri, el empresario de la construcción Nicolás Caputo, a quien acusó de haber pagado sobornos para recibir contrataciones, algo que -denunció- no fue investigado por la justicia.
Los fiscales Luciani y Sergio Mola afirman que los Kirchner «instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país».
La acusación asegura que, días antes de asumir la presidencia, crearon una empresa constructora, llamada Austral Construcciones, a la que luego le fueron adjudicadas la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Según los fiscales, pusieron al frente de la constructora a un socio, que actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también está acusado en este juicio, junto con otros once exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exministro de Planificación Federal y mano derecha de los Kirchner, Julio De Vido, quien cumple arresto domiciliario por otras causas de corrupción.
Otro acusado que fue detenido es José López, ex secretario de Obras Públicas, quien fue arrestado luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento.
En su descargo de este martes, Kirchner dijo que ese dinero lo habían pagado empresarios cercanos al expresidente Macri, como Nicolás Caputo.
Según Luciani y Mola, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de la provincia de Santa Cruz durante el período en el que los Kirchner gobernaron el país.
Pero solo tres fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, dijeron que la empresa fue favorecida con fuertes aumentos de precios.
«Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el Estado nacional», resumió Luciani.
Por su parte Mola detalló que las irregularidades en favor de Báez se multiplicaron en 2007 y 2011, años de elecciones nacionales (que ganó el kirchnerismo), y aseguró que esto se debió a que la asociación ilícita buscaba recaudar para las campañas.
Austral Construcciones dejó de operar en diciembre de 2015, momento en que Cristina Kirchner dejó el poder.
Los abogados de la defensa comenzarán sus alegatos finales el 5 de septiembre, pero varios han cuestionado la «falta de pruebas» durante el proceso.
En ese sentido, los defensores de la vicepresidenta aseguran que no existe ningún documento que la vincule con las obras adjudicadas a Austral Construcciones.
Tanto la Oficina Anticorrupción como la Unidad de Información Financiera (UIF), que eran parte de la querella cuando comenzó el juicio en 2019, desistieron de seguir formando parte.
La UIF, un organismo antilavado que funciona en la órbita del Poder Ejecutivo, solicitó la absolución de la vicepresidenta y la mayoría de los acusados.
Se espera que después de los alegatos finales de todas las defensas, que tardarán varias semanas, los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 den a conocer su veredicto a fin de año.
En caso de que la vicepresidenta fuera condenada, no puede ser arrestada porque tiene fueros hasta el 9 de diciembre de 2023, cuando culmina su mandato.
De todos modos, los expertos legales aseguran que, en caso de una condena, el fallo será apelado y probablemente termine en la Corte Suprema, por lo que podrían pasar años antes de que haya una condena firme, y recién entonces podría ser inhabilitada para ocupar cargos públicos y detenida (con prisión domiciliaria, ya que tendría más de 70 años).
