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La ministra Izkia Siches removió de su cargo a la abogada Camila Barros. Los cambios en esa unidad ya no son sorpresa en una trama de responsabilidades políticas donde el hilo se corta siempre por lo más delgado.
Luego que el Gobierno quedara fuera como querellante del caso Huracán, la ministra del Interior, Izkia Siches, resolvió destituir a la directora de la División Jurídica de la cartera, Camila Barros, y reemplazarla por la abogada coordinadora de la Unidad de Litigio Penal del Consejo de Defensa del Estado, Luppy Aguirre.
La decisión se fraguó la noche del jueves, después que a mediados de semana la Corte de Apelaciones de Temuco declarara inadmisible un recurso de apelación que dejó al Ejecutivo definitivamente fuera de la causa. Ésta se remonta al año 2017, cuando se le imputaron a efectivos de Carabineros los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, al supuestamente montar pruebas falsas para inculpar de actos terroristas a comuneros mapuche.
Las alarmas, se encendieron en mayo pasado, cuando la jueza de Garantía Marcia Castillo resolvió excluir al Gobierno como querellante por no corregir vicios formales de su acusación y terminaron por convertirse en crisis por estos días, cuando el tribunal de alzada notificó su resolución a Interior.
Fue el propio Presidente Gabriel Boric quien dejó ver su molestia por este nuevo error. «Las características de este error, desde mi punto de vista, son inaceptables y por supuesto que tiene que haber responsabilidades. Lo voy a conversar con la ministra -Siches- para evaluar dónde se cometió ese error, entiendo que es anterior, que venía hace un tiempo ya. Y van a tener que asumir responsabilidades, sin lugar a dudas”.
Y las terminó asumiendo la abogada Camila Barros, quien -informa el diario La Tercera– llegó a la División Jurídica el pasado 11 de marzo, con el nuevo Gobierno. La información que recoge el mismo medio es que la profesional de 37 años, que es independiente y anteriormente se desempeñó en el segundo piso de La Moneda -en los últimos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera- continuará en la cartera, pero desempeñando otras funciones.
Este viernes, Izkia Siches oficializó los cambios dispuestos en la víspera con sus asesores. «Más allá de este caso en particular, quiero aprovechar (…) esta instancia para comunicar que desde hace un tiempo a esta parte como Ministerio del Interior hemos estado reforzando los equipos. Y es así como tomamos la decisión de reforzar también nuestro equipo de la División Jurídica. Desde el lunes asume la jefatura de la división la abogada penalista Luppy Aguirre, con amplia experiencia, que vendrá a reforzar el trabajo que realizamos”, dijo tras participar en la Asamblea General de la Asociación Chilena de Municipalidades.
A estas alturas, los cambios a nivel jurídico y político en el Ministerio del Interior desde marzo a la fecha no constituyen sorpresa alguna. Basta recordar el bochornoso episodio que protagonizó la secretaria de Estado en el Congreso, al asegurar erróneamente que un avión con migrantes expulsados salió de Chile y volvió con todos sus pasajeros al no ser recibios en su país de destino, lo que le costó la destsitución a su ex jefe de gabinte, Roberto Estay; o el comentado despido del abogado Carlos Flores, quien desde 2004 estaba a la cabeza de la unidad judicial del Ministerio; y también la desvinculación del abogado Sergio Arévalo, quien desde 2018 representaba a Interior en La Araucanía.
En esta trama de responsabilidades políticas donde el hilo se corta siempre por lo más delgado, la ministra Siches insistió en que para el Gobierno el caso Huracán es «de la máxima relevancia para nuestro gobierno» y que «nos ha llamado la atención cómo la preparación del juicio oral ya lleva más de dos años y medio, cómo una de las audiencias lleva más de un año, y es por eso que una de las primeras acciones que hicimos como gobierno en marzo de este año fue presentar una queja disciplinaria frente a cómo ha sido el curso de este proceso”.
Para ella, el problema son «tanto la defensa como los distintos procesos» que «de forma reiterada han intentado excluirnos como parte activa de esta investigación. Y no solo a nosotros. También al CDE y al INDH. Pero quiero manifestar que vamos a persistir e insistir, y agotar todas las instancias que estén a nuestro alcance, para seguir siendo parte querellante como Ministerio del Interior».
