Las declaraciones del Subsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara de que “Chile se encuentra en medio de la peor crisis de seguridad de su historia”, han dado la vuelta al mundo. La pregunta que surge es ¿Dónde está el maquinista de este tren?
La respuesta no la tiene ni el subsecretario Vergara, ni la ministra del interior, Izkia Siches. Porque el back del tema está en la acumulación de problemas en toda la estructura de seguridad del país, durante los mandatos presidenciales desde el 2000 hasta el de hoy.
Nunca se ha dotado al país de inteligencia estratégica que haga la prospectiva de la Seguridad. Sencillamente ésta no existe. Hay servicios de inteligencia, varios, pero sin coordinación real entre ellos y sus recomendaciones carecen de eco en la adopción de decisiones. La corrupción policial es un problema en cualquier parte, no solo en Chile. Pero cuando es tan generalizada, el responsable es la política y el control civil sobre esa fuerza.
En política exterior, la inteligencia del país se orientó a la determinación y apertura de mercados, sin control de riesgos. Se omitió que teníamos una economía abierta, en la zona más violenta del planeta, una región con las mayores exportaciones de drogas, alta migración, demasiadas desigualdades sociales, ecocidio ambiental, elites políticas corruptas y fuerzas políticas contaminadas de fraseologías anticapitalistas en una era de predominio del capitalismo global.
Así, la tendencia a la concentración de mercados produce países miseria, con pocos ricos y muchos pobres y sin salida alternativa.
Se requieren más y mejores policías, qué duda cabe. Pero lo esencial es desagregar los temas con métodos de inteligencia analítica de seguridad, con mucha voluntad política, y tomar acuerdos para usar la fuerza legítima del Estado. Con prudencia, pero es necesario.
El golpe policial al Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano, es una señal de que es posible terminar con la impunidad delictual de calle en Chile. Pero no cambiará mucho si no se acompaña de inteligencia estratégica.
Este “tren” distribuye entre Colombia, Perú, Bolivia y Chile un núcleo violento de soldados rasos en una masa de pobres desplazados por la crisis, con un encargo de controlar territorios de fronteras, puertos, y vías de comunicación. Sus huestes se reclutan en todo el viaje y, es posible que sus armas de grueso calibre y el dinero primario para operar en las zonas de colonización, provenga de carteles aguas arriba. Como el Cartel de los Soles, también venezolano, pero conformado en redes entre militares y civiles de alto nivel de ese país y de Colombia.
Tal vez la avalancha migratoria sobre la triple frontera norte de Chile ya estuvo pensada hace más de cuatro años con la adquisición de los ferrocarriles que el Grupo Luksic liquidó en Bolivia, por parte de testaferros de Nicolás Maduro y con dinero público de ese país.
El tren de Aragua trae de todo en una mezcla de pobreza y oportunidades de rapiña y negocios criminales menores basados en la violencia, como secuestros, extorsiones, tráfico de personas y de drogas a baja escala. Sus miembros son prescindibles y reemplazables, tanto para quienes los usan como fuerza de penetración, como para los países que deben reprimirlos. La fuerza del POP que trae el Tren de Aragua a las ciudades o villas miserias de los ejes sudamericanos portuarios o de las grandes ciudades es difícil de contener: plata o plomo, e inevitablemente requiere de uso de la fuerza.
Pero el problema mayor está aguas arriba, en las facilidades que le pone una estructura porosa, ineficiente o, eventualmente, corrupta del Estado, a las organizaciones criminales. Ello es notorio en lo que he llamado en otras ocasiones, “el mecanismo chileno” en las licitaciones públicas, en este caso en las áreas tecnológicas de seguridad, o de control e identificación de personas.
La multimillonaria licitación de cédulas de identidad y pasaporte del Registro Civil, está judicializada por vicios graves en un Tribunal de Compras. El cargo es que se pone en riesgo la seguridad fronteriza pues la oferta adjudicada no permite nunca bloquear los salvoconductos entre Tacna y Arica, y no permite bloqueos de pasaportes sino solo de cédula de identidad. Eso daña la seguridad en frontera y la credibilidad de Chile ante organismos como La Interpol.
Otro caso: en 202, la Contraloría informó que había enviado al Ministerio Público, para su investigación, los antecedentes de una licitación de cámaras de vigilancia para Carabineros, hecha por la Subsecretaría de Prevención del Delito cuando estaba dirigida por Katherine Martorell. Hasta ahora no hay resultados de esta investigación, y tampoco el Consejo de Defensa del Estado ha actuado para acelerar la causa y defender los dineros públicos. Según fuentes allegadas al mismo, ello se debe a la acumulación de trabajo por el Covid 19, descartándose de plano que en algo pudiera influir que el consejero Daniel Martorell Correa, miembro prominente del Comité Penal del mismo, sea tío carnal de la entonces subsecretaria.
Son varias las licitaciones en el sector de seguridad que tienen igual pronóstico, y con alarma pública debido a sus riesgos. Y eso le da la razón a la frase del Subsecretario Eduardo Vergara.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
