El interés político de los últimos años para hacer, sobre bases muy precarias, una Reforma del Sistema Registral del país, resulta extraño, pues este es la custodia documental del patrimonio de los chilenos. Peor aún si arrastran a ello a organismos como el Registro Civil, ya colapsados.
Los intentos de cambio omiten todo el trabajo de los cientos de funcionarios que operan el sistema, la mayoría muy especializados, y en quienes radica la experiencia técnica de ese registro y custodia. Nunca se los querido escuchar. Al revés, siempre se ha centrado en las características de la concesión regia que el Estado entrega a Conservadores y Archiveros Judiciales, quienes en la práctica solo son concesionarios regios de un Oficio Público, en que se les permite lo organicen como si fuera una empresa privada. Los funcionarios, en cambio, están todos sujetos al Código de Trabajo, mientras los concesionarios de los Oficios, como auxiliares de Justicia según el Código Orgánico de Tribunales (COT) son funcionarios públicos hasta los 75 años, y con renta libre.
Con el pretexto de racionalizar y abaratar esos servicios, el ex ministro de Justicia Hernán Larraín, buscó pasar una reforma del Sistema Registral bajo la cortina de cambiar la designación de notarios. Estos poco nada tienen que ver con el tema, aunque la denominó, incluso, Ley de Notarios. Ella buscaba crear un sistema de 3.600 fedatarios, que precarizaban totalmente la Fe Pública del país, y cambiar la actual división de jurisdicción, subdividiendo y creando nuevos “Oficios”, con el fin aparente de controlar el sistema. Al ser muchos de ellos orgánicamente atrasados, sin condiciones eficientes de resguardo y digitalización documental, se generaría un enorme desorden de reinscripciones, incluidas las de agua cuyo estatuto legal está cambiando.
Ajustes se requieren, pero lo más sensato y fácil es inducir un cambio que empiece por igualar las condiciones de digitalización y procedimientos de registro, para crear una base nacional segura e idéntica para todo el país, incluidas las inscripciones especiales que se crearán. Sobre esa base puede haber una nueva redistribución espacial. Sería lo más barato y eficiente, y evitaría dejar un sistema en suspensión sujeto a la voracidad inmobiliaria que hoy mueve al país.
El modelo a seguir se encuentra en el mismo sistema. Especialmente en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), que con la voluntad notable de sus funcionarios, incluso aportando en dinero, ha puesto en servicio un sistema eficiente y seguro, que le cuesta cero peso al Estado, pero que los concesionarios, de manera egoísta, siempre han tratado de minimizar su relevancia.
Los altos sueldos que los concesionarios ganan como renta libre, podrían cambiar con simples decisiones administrativas del Gobierno y el Poder Judicial. Bastaría asimilarlos a un ingreso máximo, como por ejemplo el sueldo de un ministro de Corte de Apelaciones y el problema quedaría solucionado. Al fin y al cabo, son funcionarios del Escalafón Secundario del Poder Judicial según el COT. El exceso de ingresos, que proviene de tasas que fija el Ministerio de Justicia, podría pasar a un fondo redistribuible para financiar el desarrollo de otros oficios, o simplemente bajar los precios que se cobran a los ciudadanos.
De ahí que tanto el inconsistente proyecto del exministro Larraín, como la reciente moción de los senadores Álvaro Elizalde (VII Región) y Matías Walker (IV Región) sobre modificar el CBR de Santiago, en el mismo sentido planteado por Larraín, y subdividirlo en siete o más Oficios, resultan ajenos al interés de los trabajadores de los Oficios, al país en general, y la moción, en especial, bastante extraña para los habitantes de Santiago.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
