La administración del Fiscal Nacional Jorge Abbott, ha transformado al Ministerio Público en un organismo de dudosa calidad técnica y un notorio clivaje hacia la discrecionalidad y el arbitrio. Con actuaciones que, si no arbitrarias, al menos constituyen un secuestro ideológico de ciudadanos acusados o imputados de delitos, generalmente complejos, cuyos juicios nunca terminan. Estos se alargan por inexcusables circunstancias, y terminan, la mayoría de las veces, en sentencias absolutorias o penas mínimas, mientras que el daño civil que genera tal lentitud, trasciende largamente la gravedad de lo imputado. Ello es una amenaza para la certidumbre jurídica del país y la idea de juicio justo para las personas.
Dos ejemplos recientes, uno con resultado absolutorio y otro de continuidad judicial abusiva, sirven para explicar, con peras y manzanas, lo dicho más arriba.
La formalización llevada adelante por la fiscal Ximena Chong en contra de Javiera Blanco, ex ministra de Justicia, por supuesta malversación de fondos públicos mientras era Subsecretaria de Carabineros, acaba de terminar en sobreseimiento definitivo. Pese al tiempo gastado, la Fiscalía no pudo probar la tipicidad del delito imputado a las acciones de Javiera Blanco. Con el agravante de que si, a fortiori, la Corte hubiera acogido la tesis de la Fiscalía -como si lo hizo el Tribunal de Garantía- de haberse cometido tal delito entre enero de 2007 y marzo de 2010, este habría prescrito el año 2015.
Tal como señala la sentencia absolutoria, nada justifica tal dilación, pero no se hace referencia y nadie la hará, a la discriminación ejercida contra la ex Ministra. De acuerdo al informe de la PDI sobre la distribución por planilla de los gastos reservados durante una serie mayor de tiempo, hecha por los desfalcos en Carabineros, se indica que todos los ex subsecretarios que la antecedieron o sucedieron en el cargo, entre ellos Felipe Harboe, Patricio Morales y Neftalí Carabantes, estuvieron en idénticas circunstancias. Y nadie dijo nada.
El segundo ejemplo, un sobreseimiento denegado, corresponde al procedimiento que se sigue en contra de Patricio Contesse González, ex gerente de Soquimich, por el llamado escándalo del financiamiento ilegal de la política.
Sin perjuicio de la justificada alarma pública generada por el hecho, y el daño cívico, institucional y de confianza causado a la democracia, nada justifica la extensión del tiempo usado por la Fiscalía para la investigación. Formalizado el año 2015, junto con un grupo de otras personas y aclarados los hechos, luego de siete años aún no se instala la audiencia de juicio, la que tiene por delante no menos de tres meses, si es que no se efectúan nuevas solicitudes de diligencias procesales. La investigación tiene ya doscientos cincuenta tomos, más de 14.600 documentos, varias docenas de otros digitales, alrededor de 650 testigos, informes de 52 peritos. Todo bajo la lógica de acumulación de la Fiscalía, y sin ninguna taxonomía legal aplicada a los documentos que permita distribuir y valorar las pruebas, y no leerlas tantas veces como imputados haya.
Todo indica que el Ministerio Público ha dedicado a acumular papeles bajo el argumento de que se trata de un delito complejo, y no ha hecho su trabajo para condenar. Y, ante la alarma pública por la gravedad del delito, no se atreve a tomar decisiones que, procesalmente serían justas, entre ellas las de juicios abreviados.
Sin perjuicio de la culpabilidad y sanciones legales necesarias, hoy nadie garantiza los otros derechos civiles de las personas imputadas, determinando un juicio en un plazo razonable. Los Juzgados de garantía no exigen ni cuestionan aquello que los fiscales presentan o piden, y los jueces y las Cortes asumen que “plazo razonable”, en nuestra legislación, es un concepto “indeterminado jurídico” y, por lo tanto, miran para el lado en materia de discrecionalidad y arbitrio judicial.
Nunca estuvo en la idea del legislador, al cambiar el procedimiento penal, tener juicios interminables, más largos incluso que los del antiguo sistema de procedimiento penal y que ningún órgano urja los asuntos judiciales hacia un “plazo razonable” compatible con los derechos civiles. Lo que hoy existe, finalmente lesiona la confianza de la ciudadanía, los recursos escasos del Estado y mina la certidumbre jurídica, elemento esencial de un Estado de Derecho.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
