La decisión del Presidente Gabriel Boric de cerrar la operación de la fundición Ventanas, constituye un paso decisivo para terminar con el ecocidio en las comunas de Puchuncaví y Quintero, cuyo principal responsable en cincuenta años es el Estado.
Por cierto, nada es definitivo porque se requiere modificar la Ley N° 19.993, y le pasa una pelota caliente al Congreso pues esa ley obliga a Codelco a fundir los minerales de Enami en la planta de Ventanas. Además, se repite la historia de los años 72 y 73 del siglo pasado, los trabajadores de Codelco se oponen y amenazan con un paro nacional, pese a la declaración del Presidente de que no quedará ninguno sin empleo o sufrirá menoscabo.
Hace más de un año, un grupo de expertos internacionales dieron forma a la definición de un nuevo crimen contra la humanidad: el ecocidio. “Se entenderá por ecocidio cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”, sostiene la definición. La idea que persiguen es que se incorpore como un quinto crimen al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Lo de Quintero y Puchuncaví tiene las características de ese crimen y todos los que allí operan como responsables. El país entero lo sabe, son cincuenta años de sistemática contaminación.
En Chile, en plena discusión sobre una Nueva Constitución “ecológica”, surge este principio de solución, que constituye una respuesta, todavía en estado de tentativa, sobre la voluntad política real para cuidar la salud de las personas y defender el medio ambiente.
Quintero y Puchuncaví, enlazadas y en muchas ocasiones funcionado como una sola comuna, tuvo por economía la agricultura, la pesca artesanal, el buceo y la ganadería, sin dramas medioambientales. Hasta que en 1961 llegó el progreso y se creó en la bahía el Complejo Industrial Ventanas, con la termoeléctrica Chilectra Ventana I, hoy AES Gener; la fundición de cobre nacional de La Empresa Nacional de Minería (Enami), hoy División Ventanas de Codelco; y la refinería de cobre de Enami, todo sin control ambiental. El golpe militar de 1973 cambió el modelo económico a libre mercado, desplazó la idea de un desarrollo industrial nacional y el complejo siguió creciendo con industrias peligrosas y todavía menos control. Ya en 1980 se evidenciaban las primeras muertes por efecto de la actividad industrial salvaje. La contaminación diezmó la salud, y la agricultura y la pesca artesanal desaparecieron.
La tendencia se agravó durante la democracia y se hizo endémico, pese a que se establecieron planes de descontaminación y se decretó al área circundante al complejo industrial como Zona Saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado. Los nombres de las empresas resultan emblemáticos de la contaminación en el país: Enami, Codelco, AesGener; ENAP, Gasmar, Copec, Oxiquim, (almacena 126.000 m3 de agentes químicos), Cementos Melón S.A, un puerto granelero de Puerto Ventanas S.A, un terminal marítimo de gas licuado de GNL; y Cordex, con otro terminal de almacenamiento y distribución de petróleo y derivados.
La saturación se atiende hasta ahora con alertas ambientales, de las que se ha perdido la cuenta. Ya en 2006 se superaban las normas de emisión de selenio en un 1.000%, de coliformes fecales en un 17.000% , de fluoruro en 9.200% y de arsénico en un 5.500%. Desde los años 80 producen muertes por la exposición tanto a la contaminación como a la actividad industrial dentro de las faenas. Y la nube toxica sulfurosa que afectó a La Greda, especialmente a los niños en 2011, determinó, luego de exámenes médicos, que todos ellos presentaban arsénico y plomo en la sangre. Hace pocos días, otro problema idéntico volvió a repetirse.
Hay daños al medio ambiente que provienen de actividades perfectamente legales y se enfrentan como un tema regulatorio y de control. Pero si son “ilícitos” o “arbitrarios”, constituyen ecocidio, son un crimen contra la humanidad y el planeta, que es lo que ocurre con el complejo industrial de Ventanas. La medida anunciada apenas compromete la Fundición y no la Refinería de Codelco. Nada hay sobre el resto de las actividades. Es duro declararse ecológico en el paraíso del capitalismo salvaje y el abuso.
Es arbitrario dejar que siga funcionando el complejo industrial. Ni está permitido dañar a toda una comunidad hasta su exterminio, bajo el argumento de que ello es un costo del progreso. Ello es genocidio, y aquí el responsable es el Estado.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
