El punto de prensa de la ministra del Interior Iskia Siches ayer en La Moneda, acerca de la extensión del estado de excepción en La Araucanía, resultó raro y confuso. El “instrumento estados intermedios” seguramente proveniente de la economía, es difuso. La presencia fantasmal de la titular de Defensa Maya Fernández, no ayudó en nada a clarificar la situación. La TV la borró.
Muy aplaudida por la derecha, titubeante por el bloque oficialista, y rechazada por el mundo indígena, los “estados intermedios”, son expresión del híbrido de Seguridad y Defensa que hoy tiene el Estado de Chile, en el que se mezclan doctrinas e instrumentos militares y policiales, sin ningún matiz.
La violencia legítima del Estado es expresa en dos ámbitos. Uno Interior y otro Exterior. Para el primero se usan mecanismos policiales, bajo una doctrina de orden público y resguardo de derechos políticos y civiles, y respeto absoluto de derechos humanos. La ley en una mano y el arma en la otra. En el ámbito exterior, la violencia legítima es la Defensa, con el uso de la fuerza militar contra un enemigo externo, con una doctrina de guerra, que subsume todo el poder nacional al objetivo de la conservación y soberanía del Estado. El enemigo no tiene otros derechos que el trato digno y humanitario de los vencidos.
Ambas son violencia legítima, pero corren por carriles doctrinarios, operativos y profesionales distintos. Y si llegan a ser complementarias, lo son solo cuando una situación excepcional obliga a escalar desde el reforzamiento de la ley a una defensa de la integridad territorial o política del estado, amenazada por la acción insurgente de un grupo interno.
Los “estados intermedios” son, por lo tanto, un adefesio operativo y una creación artificial y vergonzante del uso de la fuerza legítima del Estado, ante una situación que se reconoce requiere fuerza militar, pero se desea “soft”. Ello no reconoce que los dispositivos militares no son de vigilancia sino de disuasión, enfrentamiento y letales. Mientras los policiales son acciones civiles de reforzamiento de la ley.
Como lo de La Araucanía eclosionó a algo urgente primero del orden público interno, y ahora con brotes de insurrección armada, a muchos no se le ocurre nada mejor que inventar un mecanismo “ni mucho ni poco” como los estados intermedios, y a los que medran de la violencia, todo les parece agresión, y no contribuyen en nada a crear la ecología de la paz en sus territorios.
Claramente en La Araucanía hay zonas que deben ser aisladas militarmente por la actividad insurreccional que se desarrolla en ellas y que afectan largamente a la propia población mapuche. Hay otras que están fuera de esa categoría y pueden manejarse con medidas de reforzamiento de la ley, incluso con medidas restrictivas de derechos.
Pero pretender que todo pueda mezclarse es realmente alarmante, y que la vocería de ello provenga de los ministerios Interior y Defensa. ¿Qué Plan de Buen Vivir van a predicar el día que los mapuche violentos descubran que el mayor daño lo puede hacer una bomba en una estación de Metro de La Pintana? Esa comuna también es territorio mapuche.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
