La ministra del Interior, Izkia Siches, aseguró este domingo que la postura inicial del Gobierno de no invocar la Ley de Seguridad del Estado contra Héctor Llaitul, se fundaba en que el Ministerio Público tenía las facultades para emprender acciones legales en su contra, en base a otras querellas abiertas interpuestas con anterioridad.
La secretaria de Estado dijo que, pese a ello, el Ministerio Público se negó a actuar y que por eso el Ejecutivo tomó la decisión de ampliar la querella contra el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, ya que a su juicio «había que dar una señal en ese sentido».
El tema lo abordó en el programa Estado Nacional de TVN, donde aseguró que en La Moneda siempre existió consenso en que los dichos del dirigente y su llamado a sabotear a las empresas forestales debía ser objeto de una acción penal.
«Existían ya una serie de querellas por Ley de Seguridad del Estado abiertas que eran para hechos pasados y también futuros (…) que eran un instrumentos que el Ministerio Público podía tomar y en este caso al considerar que el Ministerio Público no quería actuar en esa línea, definimos ampliarla y creo que fue una buena decisión», dijo.
Agregó que «nosotros señalamos que la Fiscalía tenía las herramientas, aunque teníamos interpretaciones distintas. Pero más que pelear con Fiscalía y Ejecutivo, necesitábamos mostrar claridad y es lo que hizo el Gobierno».
Izkia Siches también abordó el comunicado que en las últimas horas emitió la CAM y en el que anunció que, conjuntamente con la comunidad María Cayulleo, había iniciado en la comuna de Angol “un proceso de recuperación territorial”, que implica la toma de siete fundos pertenecientes a empresas forestales.
«Para nosotros, la CAM no es representativa del pueblo Mapuche, y frente a estos llamados y amenazas de usurpaciones no habrá impunidad. Vamos a enfrentar aquellas usurpaciones y obviamente hacer que la fuerza del Estado se haga presente, porque es lo que corresponde. Hay que desalojar si eso se materializa”, afirmó.
