Mientras tanto la improvisación campea en todo el espectro gubernamental. No se cuenta con modelamientos descriptivos, trabajo anticipativo, acceso a datos estratégicos o relacionamientos de gran valor en el extranjero. No así el crimen organizado que cuenta con inteligencia en serio, accesos privilegiados a la información, a las relaciones y su negocio crece sin parar dañando las bases de la democracia.
La impresión que subsiste en la opinión pública es que el Poder Judicial se quedó corto en sus explicaciones, que parece no tener conciencia de ciberseguridad; que no está claro si considera al sistema informático y sus softwares como una infraestructura crítica en sus prioridades presupuestarias; y si la CAPJ ha hecho su pega de protección básica del sistema digital.
Hoy, Dios o el destino no tienen la culpa del hackeo de muchas instituciones. El desastre de ciberseguridad del país, que incluye por ahora al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, EMCO; al Poder Judicial, a la Cámara de Diputados, y cada cierto tiempo bancos y otro sinfín de instituciones es un hecho real. Y proviene de la pereza cognitiva, la falta de eficiencia y la mala planificación de las mismas instituciones hackeadas.
«Oficiamos al Ministerio Público Militar para hacerse parte de la investigación, realizamos una denuncia al Segundo Juzgado Militar para la indagación de los hechos y oficiamos al Consejo de Defensa del Estado para que asuma la representación del Ministerio de Defensa en las investigaciones que correspondan”, detalló la secretaria de Estado.
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