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Presentan querella contra el senador Juan Luis Castro tras escándalo por firma falsa de senadora en el Congreso

 

La Fundación Fuerza Ciudadana ingresó la acción judicial contra el legislador socialista en Valparaíso, mientras la Fiscalía investiga de oficio si la tramitación manipuló el quórum en la discusión del Presupuesto 2027.

La controversia por la alteración de permisos constitucionales en la Cámara Alta sumó un nuevo capítulo judicial con la presentación de una querella criminal contra el senador Juan Luis Castro (PS). La acción, interpuesta este jueves por la Fundación Fuerza Ciudadana ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, acusa la eventual participación del parlamentario en la gestión de un escrito que incluyó una firma no autorizada de la senadora Ximena Órdenes (PPD) para retirar su permiso. El libelo busca determinar las responsabilidades penales, solicita peritajes a la PDI en el recinto legislativo y pide evaluar el eventual desafuero del parlamentario si se cumplen las exigencias legales.

Investigación de la Fiscalía y el impacto en los quórums

La ofensiva de la entidad privada se suma a la investigación penal abierta de oficio por la Fiscalía Regional de Valparaíso para dilucidar la presunta falsificación de firma y el posible intento de modificar las condiciones de votación en el hemiciclo. El hecho se desencadenó el pasado 17 de noviembre, cuando se informó el retiro de las licencias constitucionales de Órdenes y del senador Fidel Espinoza (PS), quienes integraban la delegación oficial del presidente José Antonio Kast en su gira por Asia. Dado que la ausencia de legisladores con permiso modifica el cálculo de parlamentarios en ejercicio y altera las mayorías requeridas, la maniobra ocurrió en el marco del debate sobre la autorización de endeudamiento y la tramitación del Presupuesto 2027.

El desmentido desde Asia y la restitución de permisos

La controversia estalló luego de que el senador Pedro Araya leyera ante la Sala una carta remitida por Órdenes al secretario general del Senado, Luis Rojas. En el escrito, la legisladora PPD desmintió de forma categórica haber solicitado el retiro de su permiso, haber firmado un documento para tal fin o haber encomendado a terceros la realización del trámite. Tras recibir la misiva, la presidenta de la corporación, Paulina Núñez (RN), confirmó la existencia del documento presentado a la Secretaría General y procedió a restituir la vigencia de los permisos durante esa misma jornada.

Las versiones sobre la rúbrica y los peritajes solicitados

Entre las hipótesis indagadas para explicar el origen de la firma figuran el uso no autorizado de la rúbrica electrónica de la senadora o su copia directa desde otro soporte institucional. Mientras en el Parlamento surgieron peticiones de legisladores como Rodolfo Carter para acudir a la justicia, el senador Fidel Espinoza desestimó la existencia de ilícitos atribuyendo la polémica a “Líos políticos internos”. No obstante, la querella de Fuerza Ciudadana solicitó a la PDI incautar las grabaciones de las sesiones del 17 y 18 de noviembre, revisar correos electrónicos y auditar los archivos digitales para esclarecer quién confeccionó el escrito y el grado de conocimiento que Castro tenía sobre el caso.

 

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