La Segunda Sala ratificó el rechazo al recurso presentado por el exmilitar Nelson Medina Gálvez, quien pretendía reducir los plazos para acceder a beneficios intrapenitenciarios. La defensa cometió un insólito error al fechar el ataque en 1973.
La decisión del máximo tribunal y el fallido argumento defensivo
La Corte Suprema confirmó de manera unánime la resolución que rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del exmilitar Nelson Medina Gálvez, condenado a 20 años de presidio por el Caso Quemados. Con este pronunciamiento, la Segunda Sala del máximo tribunal ratificó lo dictaminado por la Corte de Apelaciones de Santiago y mantuvo firmes los cálculos establecidos por Gendarmería de Chile.
En la acción judicial, la defensa buscaba que el tiempo mínimo para postular a la libertad condicional se redujera de 13 años y cuatro meses a diez años, solicitando además recalcular los plazos para acceder a beneficios intrapenitenciarios. Sin embargo, los magistrados advirtieron un desacierto central en la argumentación de la defensa, la cual situó los hechos en 1973, a pesar de que el ataque ocurrió el 2 de julio de 1986. Sobre esa premisa errónea, el recurrente planteó que no correspondía aplicar la exigencia de cumplir dos tercios de la pena para optar al beneficio, por tratarse de un requisito incorporado en 1982. El tribunal desestimó drásticamente esa postura al señalar que “Yerra el recurrente cuando plantea que la exigencia de cumplimiento de dos tercios de la pena le ha sido aplicada en forma retroactiva”.
Fechas clave para el cumplimiento en Colina I
El fallo dejó intacto el cálculo de la autoridad penitenciaria. Medina Gálvez, quien se encuentra recluido en el penal Colina I, inició el cumplimiento de su condena el 25 de enero de 2024, contando con 88 días de abono. Tras la ratificación de la Corte Suprema, el exoficial recién cumplirá el tiempo mínimo para postular a beneficios intrapenitenciarios el 26 de febrero de 2036, mientras que la fecha fijada para solicitar la libertad condicional quedó establecida para el 26 de febrero de 2037.
Reacciones de querellantes y acusaciones contra señales políticas
La resolución del máximo tribunal fue recibida de manera positiva por los querellantes de la causa. Francisco Bustos, abogado de Carmen Gloria Quintana y de su familia, valoró el dictamen manifestando que “Valoramos que la Corte Suprema haya confirmado el rechazo al amparo de Nelson Medina Gálvez, unánimemente”.
Asimismo, el jurista enmarcó esta acción legal dentro de una estrategia recurrente por parte de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Bustos sostuvo que la solicitud “se enmarca en un cuadro general de peticiones de rebaja de condena, de solicitudes de libertad condicional, de indulto, que buscan impunidad”. En esa misma línea, el profesional cuestionó el rol del Ejecutivo al afirmar que “Y lamentablemente, como han percibido señales de impunidad desde el gobierno, eso ha alentado a que se presenten más de estas solicitudes”, asegurando además que “Nosotros vamos a seguir oponiéndonos a cada una de ellas para que los perpetradores cumplan sus sanciones”.
El malestar por estos intentos de rebaja también fue reflejado por Verónica de Negri, madre del fotógrafo asesinado Rodrigo Rojas de Negri. Durante la audiencia realizada en octubre en la Corte de Santiago, la mujer de 81 años expresó el impacto emocional de los continuos litigios señalando que “Estoy cansada de que estén jugando con nuestras vidas”.
El trasfondo del Caso Quemados y las condenas definitivas
El Caso Quemados constituye uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos registrados durante la dictadura militar. El 2 de julio de 1986, en el marco de una jornada de protesta nacional, una patrulla militar interceptó a Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana en la comuna de Estación Central. Ambos jóvenes fueron agredidos, rociados con combustible y quemados vivos, para luego ser abandonados en un sitio eriazo en Quilicura. Rojas de Negri falleció días después debido a la gravedad de las lesiones, mientras que Quintana sobrevivió tras un complejo proceso de recuperación.
En enero de 2024, más de 37 años después de los hechos, la Corte Suprema dictó la sentencia definitiva del caso. En dicha resolución, el tribunal condenó a 20 años de prisión a los exoficiales Pedro Fernández Dittus, Iván Figueroa Canobra, Julio Castañer González y Nelson Medina Gálvez como autores de homicidio calificado consumado y frustrado. Asimismo, dictó penas de menor intensidad para encubridores y cómplices, cerrando el proceso penal en el ámbito judicial.


