La ley publicada en el Diario Oficial retrotrae las últimas alzas en bencinas y diésel, además de sumar un descuento especial al petróleo. La medida frena la presión gremial, pero abre una dura controversia política por un costo fiscal estimado de hasta 900 millones de dólares.
La tramitación del proyecto para contener el incremento en el valor de los carburantes concluyó su recorrido institucional con la publicación del texto en el Diario Oficial. La normativa, impulsada por el Ejecutivo con discusión inmediata para desactivar la crisis con los gremios del transporte, comenzará a aplicarse en los surtidores a partir de este jueves.
Los nuevos valores y el impacto en los surtidores
El marco legal revierte de forma directa los recientes incrementos aplicados a los combustibles, eliminando la subida de 42 pesos por litro en el diésel y de 39 pesos en las bencinas.
Junto con anular esa última alza, el esquema acordado contempla una disminución adicional de 100 pesos por litro exclusivamente para el petróleo, acumulando una rebaja total cercana a los 140 pesos por litro en este insumo clave para el transporte de carga. De igual manera, la legislación incorpora mecanismos de alivio directo para el sector, destacando la actualización de la escala para la recuperación del impuesto específico al diésel.
Críticas de la oposición y reparos por el costo fiscal
Pese a la rápida aprobación del texto en el Congreso, la iniciativa generó intensos cuestionamientos en el ámbito político y económico debido al impacto de la medida en las arcas públicas, cuyo costo global se calcula entre los 800 y 900 millones de dólares.
El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, valoró la celeridad legislativa sosteniendo que el despacho “en tiempo récord” representa “una muestra de la disposición del Congreso y de la oposición a colaborar”. No obstante, el parlamentario apuntó a la falta de equidad de la solución negociada al señalar que “no estamos conformes porque hay una desigualdad. El beneficio que se entrega a los camioneros no es en la misma proporción para todos los chilenos y chilenas que van a pagar la cuenta de los $900 millones de dólares que va a costar ese beneficio”.
Desde la perspectiva técnica, el economista Willy Díaz planteó serias dudas sobre la sostenibilidad del pacto frente a eventuales presiones internacionales en los próximos meses. “Como solución política, me parece que el Gobierno no tenía mucho más que hacer. Sin embargo, como solución técnica, esto es pan para hoy y hambre para mañana. El costo fiscal que esto va a tener, cercano a los $800 millones de dólares. Esta solución es de verdad muy, muy cara”, advirtió el profesional.
La defensa del Ejecutivo y la respuesta oficialista
Frente a los reparos por la distribución del gasto, el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, aseguró que los fondos comprometidos cuentan con el respaldo fiscal necesario autorizado por el ministro de la cartera, Jorge Quiroz. La autoridad descartó que la medida signifique favorecer de forma arbitraria a un sector productivo sobre el resto de la población.
“Llegamos a un acuerdo de que se produce esta rebaja y este congelamiento de las alzas de los precios de los combustibles, producto de que hemos logrado también un ordenamiento fiscal que nos permite hoy en día mirar hacia atrás, decir: ‘Ok, ordenamos las arcas fiscales'”, sostuvo Vallebona al justificar el uso de los márgenes presupuestarios.
En paralelo, sectores del oficialismo salieron al paso de las recriminaciones opositoras atribuyéndolas a intenciones políticas. Desde el bloque gubernamental remarcaron las gestiones del presidente José Antonio Kast para concretar la contención de los precios, subrayando que la moderación en los costos de los carburantes termina beneficiando a la economía familiar y al conjunto de la ciudadanía.


