La trágica muerte de Alejandro Águila (12), el menor que falleció tras ser arrastrado durante una encerrona en San Bernardo, ha provocado un vuelco en la agenda de seguridad del Ejecutivo. Ante la participación de dos adolescentes de 17 años en el «tour delictual» que terminó con la vida del niño, el Gobierno anunció un paquete de indicaciones legales para endurecer drásticamente las penas a menores y permitir que, en casos excepcionales, sean procesados bajo el régimen penal de adultos.
El «Catálogo de los 17»: Delitos sin beneficios La propuesta central, detallada por el ministro de Justicia, Martín Arrau, busca que jóvenes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos por una lista específica de 17 delitos de extrema gravedad. Esta medida se aplicaría previa solicitud fundada del fiscal y con la autorización de un juez.
El catálogo de delitos propuesto incluye:
- Homicidio (simple y calificado) y parricidio.
- Secuestro y violación.
- Robo con violencia o intimidación.
- Incendio con resultado de muerte o lesiones.
- Homicidio y lesiones contra Carabineros, PDI o Gendarmería.
- Cualquier otro ilícito sancionado con presidio perpetuo.
Además, para los condenados por estos delitos, será obligatorio el traslado a una cárcel de adultos administrada por Gendarmería una vez que cumplan los 18 años, siempre que cuente con el informe favorable del Servicio Nacional de Reinserción.
Fin al reclutamiento y aumento de penas máximas El plan gubernamental también apunta a quienes instrumentalizan a niños para el crimen. Se otorgó suma urgencia a un proyecto que busca tipificar como delito el reclutamiento de menores por parte de asociaciones delictivas. Las penas para los adultos que recluten niños podrían llegar al presidio mayor en su grado mínimo si se utiliza violencia o se aprovecha la vulnerabilidad del menor.
Por otro lado, la iniciativa contempla elevar el límite máximo de sanción para menores de 16 años que sean reincidentes en delitos graves, subiendo el tope actual de 5 años a un máximo de 10 años de internación. Asimismo, se propone que los adultos que hayan sido condenados por delitos del catálogo cuando eran menores no puedan invocar la atenuante de irreprochable conducta anterior en procesos futuros.
Debate político en ascenso Mientras el Presidente José Antonio Kast manifestó su disposición a respaldar estas medidas de forma integral, desde otros sectores se exigen cambios aún más profundos. La bancada de la UDI ha solicitado poner urgencia a proyectos que rebajen la edad de responsabilidad penal a los 13 años y que prohíban la eliminación de antecedentes penales de menores una vez que estos cumplen la mayoría de edad.
El padre de la víctima, Fabio Águila, ha sido enfático en solicitar la aprobación de la que denomina «Ley Alejandro», afirmando que el sistema actual «no entrega una respuesta justa frente a delitos de esta gravedad». Se espera que la tramitación de estas indicaciones avance con discusión inmediata en el Congreso durante las próximas semanas.
