La situación judicial del senador Miguel Ángel Calisto se tornó crítica esta semana luego de que sus excolaboradores más cercanos, el matrimonio compuesto por Roland Cárcamo y Carla Graf, alcanzaran un acuerdo con el Ministerio Público. Tras confesar su participación en un esquema de «asesorías fantasmas» y transferencias irregulares de dinero hacia las cuentas del legislador, el tribunal accedió a rebajar sus medidas cautelares a firma mensual y arraigo nacional, dejando atrás la prisión preventiva y el arresto domiciliario que cumplían respectivamente.
La nueva arista: El «pago» para enterrar causas El avance de la investigación no solo ratificó el fraude al fisco, sino que abrió una caja de Pandora: una arista reservada por presuntos sobornos. Según revelaron los fiscales, los exasesores confesaron en sus interrogatorios que se habría articulado un plan para pagar coimas al entonces fiscal regional Carlos Palma, con el objetivo de que este «enterrara» dos investigaciones que comenzaban a cercar a Calisto en mayo de 2024.
Ante estos antecedentes, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, ya presentó la acusación formal contra el senador, solicitando una pena de 12 años de cárcel al considerarlo autor ejecutor de fraude al fisco. En paralelo, el Juzgado de Garantía de Coyhaique le propinó un «portazo» a la defensa del parlamentario al rechazar su solicitud de evitar el cierre de la investigación, impidiéndole realizar nuevas diligencias.
La defensa de Calisto: «Investigación sesgada» A través de sus redes sociales y mediante su equipo legal, el senador Calisto rompió el silencio para negar tajantemente cualquier participación en actos ilícitos. El parlamentario acusó la existencia de una «investigación sesgada» por parte de la Fiscalía de Aysén, argumentando que no se le ha permitido ejercer su derecho a defensa de manera adecuada.
Respecto a las confesiones de sus exasesores, el abogado del senador, César Ramos, fue enfático en señalar que los dichos de Cárcamo y Graf son «absolutamente falsos» y que responden únicamente a una estrategia para obtener beneficios procesales y salir de prisión. Por su parte, el exfiscal Carlos Palma aseguró haberse enterado de estas acusaciones «por la prensa» y ya analiza junto a defensores públicos las acciones legales a seguir frente a su vinculación con el caso.
