Amnistía Internacional lamentó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz (32) a causa del impacto de un disparo de arma de fuego, de acuerdo con el Ministerio Público, en el contexto de las movilizaciones sociales desarrolladas ayer jueves en Lima.
«Instamos a las autoridades a llevar a cabo investigaciones céleres e imparciales que permitan identificar y sancionar a los responsables, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, y lamentamos también que decenas de personas, entre ellas manifestantes, transeúntes y policías, hayan resultado heridas en el contexto de la represión estatal de las movilizaciones», señaló la entidad humanitaria en una declaración.
Además, rechazó el uso desproporcionado de la fuerza pública y cualquier acto de violencia.
Asimismo, «expresamos nuestro rechazo a las agresiones en contra de la prensa. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) reportó 11 ataques a periodistas que cubrían las protestas en la capital, seis de los cuales habrían sido heridos por perdigones, lo que podría constituir un preocupante patrón de uso ilegítimo de la fuerza estatal hacia la prensa, quienes cumplen un importante rol en la cobertura de movilizaciones».
«Desde Amnistía Internacional hemos podido verificar que agentes policiales dispararon perdigones, lanzaron gas lacrimógeno, golpearon o sometieron con violencia a personas de manera innecesaria y desproporcional, violando estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, focos de violencia en los que manifestantes se habrían enfrentado con agentes del orden, lo que refuerza la necesidad de que el Estado adopte protocolos de respuesta que prioricen la prevención, la mediación y la protección de los derechos.
Recordamos que una protesta no pierde su carácter pacífico por hechos aislados o comportamientos violentos de personas individuales, por lo que es rol de las fuerzas del orden individualizar y aislar la respuesta a estos hechos, y no cesar la garantía y protección de los derechos humanos asociados a la protesta de quienes se manifiestan pacíficamente.
Ante la actual crisis social y política que atraviesa el país, instamos a las autoridades a escuchar, y no deslegitimar las demandas de la población desde discursos estigmatizantes. Se debe garantizar el derecho a la protesta pacífica sin ningún tipo de limitaciones y detener la represión de las manifestaciones sociales», señaló Amnistía Internacional.
