Por Valentina Ulloa, CEO de Taxcode
Cada vez que se acercan las elecciones, la descentralización vuelve a escena como promesa recurrente. Se habla de llevar decisiones y recursos fuera de la capital, pero poco se menciona un obstáculo silencioso que impide ese avance: los desafíos que enfrentan contribuyentes y empresas en regiones para cumplir correctamente con sus obligaciones tributarias. No es un problema visibilizado, pero es una traba constante en la vida diaria de quienes intentan cumplir con la ley.
Cuando los sistemas no se comunican entre sí, los datos terminan en planillas infinitas, con validaciones manuales y versiones distintas del mismo archivo. Esto genera errores acumulados, procesos lentos y una carga operativa que resta tiempo y energía a actividades productivas. Y en regiones, esta realidad se profundiza: hay menos especialistas tributarios, los cierres contables colapsan equipos pequeños, los datos financieros llegan en formatos incompatibles y, aunque la normativa sea clara, su aplicación depende de una trazabilidad que pocas veces existe.
Chile ha tenido avances significativos: la factura electrónica, las pre-declaraciones y los formularios en línea han simplificado el acceso. Pero digitalizar trámites no es lo mismo que digitalizar procesos. Mientras no haya estándares comunes ni interoperabilidad real entre los bancos, plataformas, sistemas contables y el SII, el cumplimiento tributario seguirá dependiendo de esfuerzo humano, copias manuales y con riesgos de error.
Esta fricción técnica produce una centralización práctica. No es el resultado de una política explícita, sino de decisiones racionales: se tributa donde hay servicios, se contrata donde hay especialistas, se invierte donde el riesgo es menor. Así, la elección del lugar desde donde se tributa deja de ser operativa y se convierte en una variable estructural.
La evidencia lo respalda. El SII estima diferencias relevantes en cumplimiento tributario entre sectores y regiones, y solo en la última década se han anulado liquidaciones de impuestos por más de $722 mil millones debido a errores y rectificaciones, muchas de ellas evitables. Son datos que no solo reflejan fallas administrativas, sino también un sistema que penaliza más al que opera lejos de los centros.
Todo esto impacta directamente en la productividad, porque resta horas clave a los negocios; en la competencia, porque una pyme regional opera con desventaja; en la confianza fiscal, porque los errores alimentan litigios; y en la cohesión territorial, porque el talento y el capital migran a la Región Metropolitana.
Cuando los datos fluyen bien, disminuyen los errores, mejora el flujo de caja y crece la previsibilidad. No se trata de grandes reformas, sino de mejoras concretas en trazabilidad, interoperabilidad y automatización del ciclo tributario. Es ahí donde la descentralización deja de ser promesa y comienza a ser hábito.
En época de campañas se discuten fondos, subsidios y obras visibles. Pero es momento de mirar también la tributación como parte de la infraestructura digital del país. Porque mientras los datos sigan viajando mal, Santiago seguirá ganando por simple inercia.
Repensar el sistema tributario desde las regiones no es una utopía: es una necesidad urgente para una descentralización real y sostenible.
