Por Manuel Millones, ex presidente Comisión de Ordenamiento Territorial, CORE Valparaíso.
El proyecto elaborado por el Gobierno y que fue ingresado al Congreso Nacional, que modifica diversos cuerpos normativos vinculados a los instrumentos de ordenamiento territorial, apunta en la línea correcta, según mi experiencia como presidente de la comisión de ordenamiento territorial del Core.
Desde esa instancia, he podido trabajar y conocer las dificultades en la tramitación de diversas planes intercomunales y reguladores.
Por eso, la idea de simplificar trámites y evitar duplicidad de gestiones y revisiones es un cambio significativo en los tiempos de aprobación, así como fijar un plazo máximo de aprobación también, considerando que hay instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que llevan décadas de tramitación.
En los ejemplos que cita el texto, se estipula que un plan regulador aprobado por decreto alcaldicio demora entre 3,4 años. Ahora, si ese mismo plan pasa por el Core y por ese solo hecho tiene que ir a toma razón de Contraloría, en promedio pasan los 6,4 años.
Que un proyecto ingrese al Consejo Regional (Core), está acotado por la Ley, fijando un plazo de 60 días a 90 en los planes intercomunales. Sin embargo, el ente fiscalizador no tiene plazos y allí está el nudo crítico, porque además -en mi opinión y también de otros profesionales-, la Contraloría ha excedido el ámbito de su competencia y ha ido más allá de la verificación de aspectos normativos y el control de legalidad.
Ahora, el nuevo proyecto ingresado por el Ejecutivo señala que solo se acudirá a Contraloría un plan regulador si hay una colisión entre el Ministerio de Vivienda, que es contraparte técnica en la elaboración del instrumento. y la municipalidad respectiva.
Al respecto creo que los planes intercomunales también debieran ser excluidos de la toma de razón e ir a la Controlaría General de la República, solo si hay desacuerdos con el ministerio de Vivienda. Si no hay cambios en esta materia seguiremos llegando muy tarde con la planificación territorial.
Con todo, creo que el proyecto aún puede tener aspectos a considerar y corregir para una buena planificación y ordenamiento del territorio, en tal sentido creo que también habría que hacer coincidir los tiempos de congelamientos con la elaboración de un plan regulador, estableciendo por cierto mayores requisitos para esta norma. Un aspecto interesante además es la capacitación a los concejales y consejeros regionales, que son en definitiva los que aprueban o rechazan estos planes.
Otro punto a destacar, otorga mayor flexibilidad a los planes respecto a enmiendas y fija con mayor potencia la habilitación normativa que entrega herramientas para hacer modificaciones a los reguladores, resolviendo limitaciones en altura y otras restricciones, siempre y cuando se trate de viviendas sociales.
