Gobierno recurrirá al TC por test de drogas

Por 37 votos a favor 1 en contra la Sala aprobó el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas cámaras sobre el proyecto de ley de presupuestos 2025. Previamente, la Sala de la Cámara Baja también ratificó dicho informe, con lo cual, la iniciativa quedó lista para cumplir su trámite de promulgación como ley de la República.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que se recurrirá al Tribunal Constitucional por el ítem que obliga al Presidente y a sus ministros a realizarse cada seis meses un test de drogas, porque ese gasto no puede ser impuesto por los parlamentarios, sino que debe ser iniciativa del gobierno. Sin embargo, anunció que se enviará una ley al Parlamento para que se haga por la vía que corresponde, sobre la cual -aseguró- el Ejecutivo no tiene reparos.

Entre los principales puntos que incluyó el informe de la Mixta detalló los siguientes:
– Gastos reservados de la Subsecretaría de Interior: la propuesta homologa las exigencias y estándares que rigen a otras subsecretarías (Relaciones Exteriores, Defensa y FF.AA) y ahora se establece la obligatoriedad de rendición a su superior jerárquico, que es el ministro (a) del Interior y la información en reserva a las comisiones del Congreso.
–  Recursos para el Servicio Nacional para la Prevención Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) se repuso su presupuesto inicial de $94.195 millones,
–  En el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) en el Ministerio de Economía incluyó recursos para la ejecución de un programa de apoyo a empresas afectadas por el estallido social
–  En la Secretaría de Comunicaciones en la Secretaría General de Gobierno se llegó a un presupuesto de $400 millones; acotando así el gasto inicial que superaba los $500 millones.
– En la Gobernanza del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH):  se aprobó la creación de una Comisión Asesora temporal denominada “Comisión Asesora para el fortalecimiento del Instituto de Derechos Humanos en Chile” antes del 30 de enero del 2025 y que deberá entregar su informe con propuestas al presidente de la República a más tardar el primer semestre de 2025. La regulación de esta Comisión será mediante decreto supremo, el cual explicitará sus funciones, plazos e integración, garantizando una integración pluralista y que considere las competencias y experiencia técnica de los comisionados.

Durante el debate, los legisladores realizaron diversas consultas y llamados respecto a la situación de los trabajadores afectados tras el accidente en Cuesta La Dormida que están a la espera de una resolución del Consejo de Defensa del Estado sobre las reparaciones; así como la situación de los trabajadores del Ballet Folclórico Nacional (Bafona).

Se destacaron los intensos debates que permitieron resolver la situación de los planes de prevención y rehabilitación del SENDA, así como del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) donde se acordó avanzar en un fortalecimiento de su gobernanza.

Por otro lado, se relevaron los acuerdos en materia de seguridad, educación y salud, ya que uno de los aspectos centrales de este presupuesto ha sido la priorización de los recursos y los esfuerzos para mejorar la calidad del gasto y de las políticas públicas.

Asimismo, se realizó un llamado al Ejecutivo a velar por la implementación de los proyectos y recursos de infraestructura en obras públicas especialmente para la conectividad en regiones.

En otro orden, la senadora Pascual dejó constancia de que mantiene la reserva de constitucionalidad que anunció sobre temas, tales como, “la glosa del Poder Judicial que no permite la realización de estudios de análisis sobre sentencias judiciales, además de otras en las que dejé constancia durante el debate”.