Un reportaje de la periodista Paulina Allende-Salazar (“Relaciones peligrosas entre abogados, fiscales y jueces”, Punto por Punto, El Mostrador, 14-oct-2024) expone una red articulada de figuras clave del sistema judicial chileno, en que aparecen el fiscal nacional Ángel Valencia y el exfiscal metropolitano oriente Manuel Guerra, además de otros influyentes abogados y jueces, para manipular procesos. Con amplias conexiones en los más altos niveles del sistema, estos profesionales parecen operar en los márgenes de la legalidad del sistema judicial para influir en procesos a su favor.
Acciones de esta naturaleza son las que generan desconfianza en la justicia y contribuye a la percepción de corrupción y tráfico de influencias y dineros en ella. A lo que ayuda enormemente la falta de separación entre funciones jurisdiccionales y disciplinarias, así como procedimientos ineficaces, agravando aún más la percepción de un sistema judicial vulnerable.
Pero ello no parece ser nuevo en el país. El conocido caso Quiebra de Curauma de hace ya una década (2013) en Valparaíso comparte varias similitudes con lo descrito en el reportaje. En él, abogados, jueces y representantes de distintas instituciones, encargados de velar por la justicia y la fe pública de un proceso, operaron en un entorno donde sus conexiones personales y el conocimiento técnico del sistema les permitieron manifiestas manipulaciones del proceso judicial.
Todo comenzó con una operación financiera en 2004 entre EuroAmerica Seguros de Vida, presidida por Henry Comber Sigall ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile (hoy acusado y multado por colusión en el Caso Enjoy), y Curauma S.A., empresa inmobiliaria a la que se otorgó un crédito de USD 25 millones a ocho años. Ello no solo a una tasa superior a la Tasa Máxima Convencional (TMC), sino además garantizado por 2.500 hectáreas en alto Valparaíso (Curauma), tasadas en más de USD 500 millones.
A pesar de que el crédito fue pagado en su totalidad (USD 36 millones, U$25 millones más U$11 millones de interés), la prestamista EuroAmerica Seguros de Vida retuvo la garantía y la transfirió a una empresa filial, lo que provocó una disputa legal que culminó en la quiebra forzada de Curauma S.A. Esta acción no solo impactó profundamente a la empresa, sino también a cerca de 1.600 accionistas minoritarios, sin que la CMF interviniera. Además, el abandono del crucial proyecto de desarrollo urbano en el Gran Valparaíso generó un significativo costo social y económico para el municipio, la región y su comunidad, afectando gravemente su crecimiento y bienestar hasta el día de hoy.
El caso involucró maniobras judiciales como el arbitrario traslado de la causa de Valparaíso (jurisdicción de Curauma S.A.) a Santiago, la manipulación del algoritmo de asignación de causas y la presentación de una solicitud de quiebra irregular ante el 2º Juzgado Civil de Santiago, bajo la jueza Inelié Durán Madina, por una supuesta deuda impaga de apenas 80 millones de pesos chilenos. En estas acciones participaron el abogado Julio Bustamante Jeraldo, ex superintendente de pensiones, y un abogado de la TGR. Estos personajes y tácticas aseguraron un fallo favorable para EuroAmerica, permitiendo que Comber se hiciera de tierras cuyo valor excedía 16 veces el monto del crédito original. La operación, representada por los renombrados abogados José Miguel Huerta y Cristóbal Eyzaguirre (Claro y Cía.), ilustra cómo las conexiones entre empresarios, abogados y jueces permiten la manipulación del sistema judicial, reflejando el patrón acertadamente descrito por la periodista Allende-Salazar.
Un aspecto crucial en este caso fue el silencio de los medios de comunicación, que contrasta significativamente con la intensa cobertura del reciente escándalo de colusión de casinos (Enjoy, Dreams, Marina del Sol). Mientras que el Caso Enjoy ha generado una amplia atención mediática, el Caso Curauma pasó mayormente desapercibido, lo que pone en evidencia la eventualidad sobre cómo intereses poderosos pueden influir la narrativa pública noticiosa.
Asimismo, en el Caso Curauma, instituciones como la CMF, la TGR y la Superintendencia de Insolvencias (ex de Quiebras) tampoco actuaron con la diligencia necesaria para proteger a los afectados, facilitando con ello la manipulación de todo el proceso. Hasta el día de hoy su inacción ha dejado sin respuesta demandas concretas de aspecto esenciales de ilegalidades, como por ejemplo negociaciones entre empresas coaligadas de EuroAmerica.
Lo curioso de ambos casos es que los actores y las empresas se repiten, lo que en absoluto es inusual en un mercado financiero tan pequeño como el chileno, pero que requeriría de mayor finura regulatoria. Sobre todo frente a la SEC norteamericana, país en el cual convergen a operar financieramente todas estas empresas. Así, esta especie de Deja Vu inevitablemente repercutirá en la reputación financiera y regulatoria del país.
Esa desconexión entre discurso ético y legal y acciones concretas no es solo algo exclusivo de los organismos regulatorios públicos. También en el Caso Curauma alcanzó a la CPC, que representa al sector empresarial, que en esa oportunidad falló en asumir un rol activo para promover un ambiente empresarial ético, lo que contrasta hoy con su firme postura ante el escándalo de colusión de Enjoy. Es de esperar que tal reacción no sea solo una manera reactiva de accionar cuando el escrutinio mediático y público lo exige, sino una rectificación a firme sobre el futuro empresarial del país.