La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.
Esta mañana, tras informar a la Sala la acusación, que ya había sido rechazada por la Comisión por 4 votos a 1, la defensa de la jefa de gabinete se desistió de debatir la cuestión previa.
De este modo se abrió el debate y tras ello se procedió a votar, resultando rechazada por 76 votos. A favor votaron 67 parlamentarios y 7 se abstuvieron.
El debate
El diputado Sánchez hizo un repaso por situaciones de violencia que ha sufrido el país. Mencionó que el Gobierno suele sostener que las cifras han bajado. Sin embargo, subrayó que “las cifras de homicidio no han bajado”.
En esa línea, planteó que, en los últimos 24 meses, la violencia homicida ha aumentado sin precedentes. Especificó que Chile es uno de los países más peligrosos del mundo. Puntualizó que solo el 36% de los chilenos se siente seguro de caminar solos en la noche.
En representación de la ministra expuso el abogado Juan Ignacio Piña. Recordó que esta medida no solo es un control político, sino que, además, implica imponer una sanción gravosísima.
Luego, planteó que la acusación hace dos propuestas distintas. Una apunta a supuestas acusaciones respecto de sus funciones u omisiones que no dicen relación con su directo actuar. Lo segundo, acotó, es proponer un nuevo estándar para las acusaciones constitucionales indicando que no es un elemento de último ratio, situación que, tanto la tradición como los invitados a la comisión desmintieron, reconociendo que se deben cumplir con ciertos estándares de gravedad para su verificación.
El abogado sostuvo que los acusadores no hicieron atribuciones concretas a la ministra. En este plano, recordó que la responsabilidad es por infracciones de deberes propios, lo que no acontece en la generalidad del libelo. Más bien, acota, se hace una descripción de la situación de la seguridad pública en el país. Y, sobre la base de ello, se apela a una interpretación abierta de las causales constitucionales. “Es la primera vez que se escucha una norma de interpretación constitucional sin tomar en cuenta la norma constitucional”, apeló
