No hubo falla en la predicción de lo que ocurriría en Venezuela y que la dictadura de Nicolás Maduro se robaría la elección presidencial. Las dictaduras no se someten al control democrático, y fuera de un hipotético escape a Rusia, Turquía o China, no existe lugar donde Maduro pueda ir, sin acuerdo de transición y de justicia transicional. En ello arrastra a su cofradía de gobierno. Y si bien Venezuela pudiera ya no ser el lugar más seguro físicamente, la covacha de dormir de Maduro, aunque sea intranquila, sigue siendo el país y su ejercicio dictatorial de gobierno.
Lo que sigue ahora es más o menos predecible. Maduro hará un ejercicio pertinaz de la mascarada de orgullo electoral, que ya exhibe, administrando el quinteto doctrinario de toda dictadura: policía secreta, represión, cárcel, muerte o exilio. Todo en una atmósfera tóxica de miedo y amenazas y caja fiscal pagadora. Ejercerá represión indiscriminada en las calles, con el pretexto de que se defiende el resultado electoral. La interpretación será que no es agresión sino defensa del “orden”. Antes de que se terminara de votar, Diosdado Cabello, de su mismo grupo, ya llamaba a sus partidarios a la calle para defender el triunfo.
El retardo de vocería oficial de cómputos por parte de la dictadura y la no entrega de actas de escrutinio, se justificaron con un supuesto hackeo del sistema computacional electoral. Esto será el fundamento para la represión política que se enfilará sobre las cabezas opositoras, principalmente María Corina Machado. Todo en una maraña de pruebas falsas y juicios amañados, sin periodismo opositor, para acusarlas de autoras o instigadoras del supuesto delito y encarcelarlas. Si la verdad irrebatible del triunfo opositor está en esas actas, pues se busca desprestigiarlas.
La inmovilización o eliminación de adversarios empezó impidiendo condiciones materiales de actos de campaña e inhabilitando candidatos. Luego siguió con la admisión selectiva de veedores electorales. Hoy escaló a la expulsión completa de embajadas en Caracas, entre ellas la chilena, que anticipa que Maduro y Cía. se va a atrincherar en el país el mayor tiempo que pueda, sin dejar resquicio de amparo o libertad a la oposición. Por eso amenazó con un baño de sangre antes de los resultados, diciendo tener “el apoyo de un bloque civil, militar y policial invencible” que no puede perder.
Así, la esperanza de obtener democracia de los ciudadanos venezolanos quedó entregada a la ira de Dios, y a la presión internacional. A Chile le cabe un papel importante en ello tanto por la cantidad de inmigrantes venezolanos que viven acá, como porque lo han agredido expulsando su Embajada, humillado en su soberanía asesinando opositores a Maduro en el país, y generando en la frontera con Bolivia, del lado boliviano, injerencia mafiosa.
Un cerco de salud democrática buscando una auditoria electoral independiente de las actas y el proceso; la activación de todos los mecanismos de control democrático posibles, especialmente de acuerdos en la OEA, la ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sobre todo en la Corte Penal Internacional previendo delitos de lesa humanidad. Chile debe también desarrollar medidas económicas propias y buscar cooperación con otros países de la región para evitar que dinero negro del chavismo intoxique tanto la política nacional y la de toda la región, como el crimen organizado que opera como soldadesca de la dictadura.
Somos un país democrático, y las garantías de libertad de pensamiento y opinión tienen prioridad para todos los chilenos y también para todos los extranjeros que viven en el país, mientras se respeten lo que determinan las leyes al respecto.
Sin perjuicio de ello, con el funcionariado público de toda categoría y con resguardo de sus opiniones personales, el gobierno debe ser riguroso en no permitir que esa libertad de opinión se use para contradecir de manera expresa o manifiesta los principios de orientación cívica y democrática establecidos en la Carta Fundamental. Tampoco la política exterior hacia una potencia extranjera hostil, ni las cláusulas y normas de defensa democrática internacionales que nos obligan. Ellas forman parte del interés nacional de Chile y arrastran responsabilidad pública de sus funcionarios, los que dependen del presidente de la República de acuerdo a la Constitución.
En cambio, en materia de alianzas y acciones políticas el Partido Comunista tiene el derecho inalienable y la libertad de apoyar a la dictadura de Nicolas Maduro en todo lo que no contravenga la ley. La mantención de sus alianzas es un problema interno de esta organización y de las que aceptan una coordinación programática y política con ella.
