La reforma del sistema registral que debate el Congreso, en segundo trámite en la Comisión de Constitución del Senado, amenaza ser un segundo Transantiago en perjuicios directos para los ciudadanos. En seis años de tramitación pocas veces se ha visto en la historia legislativa nacional un grado tal de improvisaciones que ponga en riesgo la fe pública y el patrimonio inmobiliario de todo el país.
El proyecto ingresó como Mensaje Presidencial el 11 de septiembre de 2018 a la Cámara de Diputados claramente con la intención no declarada de capturar el negocio digital en ascenso del sistema registral. ¿Su fundamento? Que era una promesa de programa para desarrollar una economía de “inversión, innovadora y competitiva” por medio de una Agenda de Productividad con “una batería de medidas para despejar las barreras de entrada a los mercados”. El proyecto original ya tenía una norma de amplia discrecionalidad presidencial para crear nuevos oficios según ciertas reglas generales.
Los “mercados” del caso eran el servicio público ejercido por Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales que, según el Código Orgánico de Tribunales, a excepción del Registro Civil también abarcado por el proyecto, son el Escalafón Secundario auxiliar de Justicia, designados por el presidente por intermedio del Ministerio de Justicia. Su control lo ejerce el Poder Jurisdiccional. Es decir, un servicio público que no tiene ningún componente privado, excepto la aplicación del Código del Trabajo a los funcionarios menores, pues las cabezas son nombradas por la voluntad política del gobierno de turno, lo que equivale a recibir una patente de negocio público por influencias políticas.
Los objetivos iniciales se cayeron ampliamente. El sistema hasta ahora se auto sustenta a través de tasas que pagan los usuarios sin costo para Estado. El insustancial debate parlamentario, con contadas excepciones en ambas instancias, producirá un sistema desfinanciado y transformado en un engendro administrativo, sin coherencia interna ni idea matriz. No se ha atendido a ninguna observación de fondo de los operadores, ni de los trabajadores y consultores especializados.
En materia registral el mejor ejemplo es la división del CBRS, que no estaba en el Mensaje presidencial, y apareció durante el primer debate. Se desembozó con la indicación presentada por la senadora Ximena Rincón en segundo debate. Poco antes, una moción de división presentada por Álvaro Elizalde (como senador) y Matías Walker, fue la alarma. Ambos eran senadores de región y este era tema particular de Santiago. Ni siquiera de toda la RM. El gobierno actual parece sin conciencia de hermenéutica legal y carente de propósitos.
La Indicación Rincón, aún pendiente, tiene problemas de inadmisibilidad por gasto público, y otros nuevos problemas con inscripción de aguas, migración de títulos e incertidumbre laboral. Su propuesta crea cuatro registros conservatorios para el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago donde está el CBRS que es el más avanzado, y deja fuera a varios otros del territorio metropolitano.
Su composición queda para un reglamento por dictarse, no se requiere contigüidad de territorios comunales sino criterios de equidad económica para lo cual se juntarían comunas ricas con otras pobres para dar “sustentabilidad”. Lo único positivo es hacer mención por primera de los derechos de los trabajadores, al decir que se debiera tener “…especial consideración por la función, conocimientos y especialidades registrales de los funcionarios que en la actualidad se desempeñan en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y la necesidad de asegurar un nivel de inversión tecnológica y de resguardo documental y de seguridad digital e informática con un estándar igual o superior al que hoy otorga el Conservador que por esta ley se divide”. Casi como un reconocimiento de que “el negocio” se traspase intacto.
La ley nada trae sobre el desarrollo tecnológico que asegure la existencia del folio real que se crea como carpeta de cada bien raíz inscrito. Esto es un doble problema pues los software actuales son privados y el país no tiene homologación digital entre lo oficios. Es decir, la Ley primero crea un mercado para que prestadores digitales hagan inversiones y ofrezcan esa solución. ¿Cuánto costaría? Es posible que el exministro de Justicia Hernán Larraín impulsor del proyecto con más de cien Urgencia Suma conozca el cálculo del negocio. No se sabe.
Entre los pequeños detalles olvidados de manera transversal en el Congreso están los derechos laborales y los convenios colectivos vigentes, lo que es el gran tema hoy en el CBRS. Pero ello afecta a todo el mundo laboral de todos los Oficios. Ese pequeño detalle ya afectó el clima laboral del CBRS, uno de los más codiciados, pues el conservador Carlos Miranda, nuevo en el Registro de Hipotecas, considera que él es un empresario, y demandó a la nulidad del Convenio Colectivo vigente, pues le impide ejercer sus facultades de patrón. Ello le produjo también una agria disputa legal con su colega Luis Maldonado del Registro de Propiedad, quien luego de casi 20 años de ejercicio del cargo ha reconocido públicamente el aporte de los funcionarios al éxito del Oficio y el valor de los convenios colectivos suscritos.
El lobby empresarial se agazapa en el Congreso. Mientras a los trabajadores se les pide que planteen sus aprensiones sobre sus derechos laborales por Ley de Lobby, incluidos senadores comunistas, hay senadores integrantes de la Comisión de Constitución como Paulina Núñez, que no declaran sus conflictos de interés. Ella es esposa de Cristián Monkeberg quien forma parte, a modo gratuito, en el órgano consultivo externo que creó Carlos Miranda para diseñar su gestión. De este consejo también forma parte Guillermo Silva Gunderlach, ex presidente de la Corte Suprema hasta 2022, no se sabe a qué título. Es posible sea amigo y asesor de Carlos Miranda. Ambos hicieron en Concepción la mayor parte de sus carreras, y formarían parte de la nueva red de poder que trata de armar el controvertido conservador Miranda. El Gobierno debiera retirar el proyecto, y reconsiderar la reforma.
Los ministros visitadores del CBRS como siempre ocurre en el Poder Judicial, bien gracias.
*El autor de esta columna ha sido asesor de los sindicatos 1 y 2 del CBRS