Por Santiago Escobar
El secuestro de Leandro Ronald Ojeda, ex oficial del ejército venezolano refugiado en Chile, es un caso político. Su gravedad consiste en que ese estatus de residencia legal de Ojeda hizo al país responsable de su seguridad, ante su familia y toda la comunidad internacional. Así son las reglas del Derecho Internacional Humanitario. Entonces no se trata de un simple crimen de carácter transnacional que merece una alerta amarilla de Interpol, sino de una lesión a la soberanía y dignidad del país, por eventuales acciones ilegales de agentes extranjeros. Ello nos obliga a dar señales enérgicas y claras de lo que se espera en materia de cooperación diplomática y policial, en primer lugar, del país de origen del secuestrado, Venezuela, y luego de toda la comunidad internacional, especialmente nuestros vecinos.
La actitud timorata e insegura del subsecretario del Interior Manuel Monsalve al declarar que el hecho estaba siendo investigado por un “poder autónomo”, en referencia al Ministerio Público, y de negarse a hablar del estatus de refugiado del secuestrado por resultar “peligroso para su seguridad”, es casi increíble. Venezuela debiera sentirse obligada a dar garantía de no estar involucrada bajo ninguna forma en este hecho criminal, independientemente de la disidencia política de la víctima. Debiera también expresar su más absoluta voluntad de cooperación con las autoridades chilenas.
La reunión extraordinaria que el hecho mereció en La Moneda con la presencia del presidente Gabriel Boric y del canciller Alberto Van Klaveren, además de los ministros de Interior y Justicia fue significativa. No solo inusual en temas de seguridad sino de un nivel más que suficiente para indicar que no estamos ante un hecho criminal corriente. Visto así, como primer mensaje diplomático y político a Venezuela, todo el resto de lo actuado debería quedar claro. Desde la alerta amarilla, al cierre de fronteras y coordinación nacional de recursos, incluida la confusa declaración de Manuel Monsalve, como un hito político que nadie puede soslayar.
Por cierto, sin pruebas concretas no se puede sostener que el gobierno de Nicolás Maduro es el responsable directo del secuestro. Por lo tanto, el lenguaje diplomático debe ser cortés, breve y claro, pero asertivo. Y la investigación lo más estricta y eficiente posible. Siendo lo esencial que Leandro Ojeda aparezca con vida y vuelva a su estatus de refugiado en Chile. No puede aparecer en Venezuela, de donde escapó para salvar su vida, ni menos en manos de algún tribunal o cárcel venezolana, o de alguna organización criminal de un tercer país que busque negociarlo con sus persecutores. A eso deben comprometerse tanto el gobierno venezolano como el resto de los países de la comunidad internacional, especialmente Colombia y Bolivia, cuyos lazos con Caracas son estrechos. Cualquier otro escenario sería una agresión directa a Chile. ¿Lo tendrá claro el gobierno y se lo habrá transmitido así al embajador de Chile en Venezuela, el socialista Jaime Gazmuri?
Lo plausible criminal del gobierno de Maduro
Pero que el secuestro sea una “extracción” tipo socialismo real de un opositor hecho por la policía política venezolana es una posibilidad cierta. Considerado un desertor y traidor al régimen, Ojeda está acusado de ser parte de un supuesto complot opositor denominado “brazalete blanco” para asesinar a Nicolás Maduro. Claro, justo dos semanas después que 33 civiles y militares han sido acusados de ello por la Fiscalía venezolana; que el país tiene elecciones y que el gobierno impidió que la candidata opositora María Corina Machado pueda competir porque puede ganar. Justo, también, cuando hace pocas semanas se expulsó al personal de DDHH de la ONU y se puso en prisión a Rocío San Miguel, activista de derechos humanos. Todo lo cual genera un ambiente de agitación interna que sirve para justificar cualquier cosa. Incluso la eventual aparición de un refugiado político que, bajo torturas, podría acceder a testificar sobre la existencia real del complot “brazalete blanco”.
No sería algo nuevo. Y personas cercanas al secuestrado sostienen que la operación la realizó contingente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM del régimen de Maduro, incluso comprando servicios al crimen organizado, y que Ojeda ya estaría en Caracas.
La porosidad que en materia de seguridad exhibe Chile no sería ningún obstáculo para la Dirección de Operaciones Especiales del DGCIM, que es una unidad irregular adscrita a ella. Podría hacerlo sola o negociar apoyo de grupos criminales. Ello ya ocurrió en Colombia, en Cúcuta, donde si bien no se pudo comprobar una operación militar, un grupo armado hizo el secuestro de disidentes y luego los entregaron al régimen de Nicolás Maduro, mientras el gobierno de Petro miró para el lado.
El jefe de esa unidad es Alexander Granko Arteaga, un teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, quien actúa con plena autonomía y recursos en los encargos sucios del gobierno. Es uno de los agentes del Estado venezolano investigado por la Corte Penal Internacional por torturas y violaciones reiteradas de derechos humanos. Apodado Barba o el hombre de las mil caras por su gusto por los disfraces, dirige desde hace años células activas de agentes en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y casi seguro en Chile, con las que desarrolló la llamada “operación nautilus” para infiltrar grupos venezolanos de la diáspora de casi 8 millones de migrantes, de los cuales más de 500 mil viven en Chile. La estructura de la DOE incluye militares, agentes de contra inteligencia, investigadores, informadores, funcionarios civiles y oficinas de servicios y negocios varios. Formalmente depende del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, que coordina sus actividades. Pero es muy autónoma y directamente vinculada a Nicolás Maduro. Fue responsable de la masacre de El Junquito, en 2017, en la que Granko se atribuye el mérito de haber ejecutado al policía Oscar Pérez y 6 jóvenes que ya se habían rendido y contra los cuales usaron armas pesadas y tiros de gracia. En Venezuela, sólo entre 2016 y 2019, la “resistencia civil a la autoridad” de la población derivó en más de 19.000 asesinatos, según Human Rights Watch. Por El Junquito Venezuela fue sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha investigado las violaciones desde 2019, implicó a Maduro y sus jerarcas en abusos sistemáticos que equivalen a crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, tortura y violencia sexual, y en los cuales la participación de Granko ha sido significativa. A su vez, la Misión de Determinación de Hechos creada por la ONU en 2020 estableció que los servicios de inteligencia venezolanos han incurrido en una política deliberada de crímenes de lesa humanidad. Toda esa investigación se ha paralizado con la expulsión de la oficina local del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH hace pocas semanas, lo que amenaza con aumentar la impunidad del régimen.
¿Qué piensa usted? ¿Cree posible que el gobierno venezolano haya ejecutado o pagado el secuestro de Leandro Ojeda o cree que es inocente y las sospechas son injustificadas?