Un total de 17 capítulos, 262 artículos y 62 disposiciones transitorias tiene la propuesta de una nueva constitución emanada del Consejo Constitucional, la que deberá plebiscitarse el próximo 17 de diciembre.
Los 50 convencionales cerraron su trabajo con la votación del pleno, que otorgó 33 votos a favor (de ultraderecha y la derecha), contra 17 en contra (de centro izquierda e izquierda).
En cuanto a las disposiciones más polémicas, el texto, en su Artículo Uno consagra la propiedad privada, al señalar que «el Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas».
En el Artículo 11, dentro del Capítulo Uno sobre los Fundamentos del Orden Constitucional, impone a los chilenos «el deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes, entre otros».
En el mismo Capítulo, sobre terrorismo impone plazos y obliga al Tribunal Constitucional a pronunciarse, y se establece que «las víctimas de delitos que los tribunales de justicia califiquen como conducta terrorista tendrán derecho a ser indemnizadas por el Estado por todo daño sufrido con ocasión de estos hechos. El monto de la indemnización será determinado judicialmente en un proceso breve y sustanciado en el tribunal civil competente del domicilio de la víctima y en él la prueba se apreciará en conciencia».
En el Capítulo Dos, sobre Derechos y Libertades Fundamentales, se consagra la libertad para los represores de derechos humanos hoy condenados, al establecer que «las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad».
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