¿Tiene o no tiene responsabilidad el ministro Carlos Montes en la vacuna de corrupción de la Fundación Democracia Viva? La tiene, de carácter político. Lo más honorable entonces para su Partido Socialista que declara apoyar de manera intransigente el gobierno de Gabriel Boric, para él mismo como persona pública honorable y para que el caso no se transforme en un paradigma histórico de corrupción de las nuevas generaciones políticas y nuevos daños al gobierno, debiera renunciar. Su responsabilidad no es administrativa, civil o penal, sino simplemente política, porque el descontrol producido, es una falla de su gestión como representante el presidente de la República, y por lo tanto no está en condiciones de encabezar su reordenamiento.
Lamentablemente, la responsabilidad política parece un concepto desaparecido en la vida política nacional. Siempre ha aludido más a una costumbre y honor de la política, en una sociedad con un promedio aceptable de probidad, que a un concepto jurídico definido claramente, a excepción de las normas constitucionales sobre el presidente de la República. Pese a que no existe en nuestra historia republicana gobiernos impolutos o sin escándalos de corrupción, siendo tal vez el de la Unidad Popular el de menor existencia de casos.
Sin caer en alusiones a la cleptocracia civil militar que gobernó el país entre 1973 y 1990, el primer gobierno democrático que le siguió debutó con el escándalo del desmalezado en la planta Con Con de la ENAP, con el senador DC Juan Hamilton de por medio; y con el pago de cheques por el Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet a su hijo (caso Valmoval), que implicaba negociaciones incompatibles. A ellos se agregaron luego las casas Copeva, los escándalos de KODAMA, ambos del Minvu; el Mop Gate, la larga lista de problemas del Registro Civil y sus licitaciones; Gendarmería y las tobilleras; la Ley de Pesca; el financiamiento ilegal de la política; el paco Gate; el milico Gate; la rotura del jarrón en la Corfo; el Caso Chispas; Soquimich y las Cascadas, hasta que el concepto de responsabilidad se diluyó, transformándose en una red de pesca para peces menores corruptores del Estado, y ningún decoro o responsabilidad para los jefes.
Nadie puede negar que, junto a esa dilución, se iban dictando leyes y reforzando los mecanismos de control legales; se confeccionaron mapas de riesgo en todos los ministerios, y se creó hasta un consejo para la transparencia y una auditoria general de gobierno. Pero ya todo aludía al te pillé compadre y no a la responsabilidad política y ética en lo público, donde el mal desempeño de un ministro, por no cuidar su servicio, que es su labor esencial, debiera implicar que se va para la casa.
En estricto rigor, la responsabilidad administrativa en los ministerios corresponde a los subsecretarios, pero se basa en casos puntuales y aplicación de la Ley General de Bases de la Administración Pública y la Ley de Administración Financiera del Estado. Y, aun así, el país está lleno de trampas para eludir las normas de control. Pero cuando la sucesión de hechos anómalos o corruptos, como hoy ocurre con la Fundación Democracia Viva, genera un cuestionamiento político sobre el funcionamiento global de la cartera, independientemente de los hechos penales o administrativamente punibles, la responsabilidad del ministro está expuesta y debiera apartarse de su cargo.
Carlos Montes es un hombre de larga e impecable trayectoria política, más que avezado en temas legislativos, de administración y control de los asuntos del Gobierno, en fiscalización parlamentaria, y un conocedor informado de todo lo dicho. Y no parece razonable que crea que puede ir distribuyendo sermones, sanciones administrativas y ejerciendo vocerías, porque en lo global carece de la autoridad política para hacerlo de manera creíble. Eso al menos en una democracia en forma, porque se le derrumbó el edificio interno y no se dio cuenta que conservarlo era su principal tarea. Eso es independiente de declarar desconocimiento de los hechos cuando ellos son tan generalizados.
Lo anterior debiera ocurrir, aunque siga contando con la confianza presidencial, pues en estricto rigor, dado los juicios erráticos y contradictorios que cada cierto tiempo expresa el presidente Gabriel Boric, sobre este y otros asuntos, indica que carece de la información certera, fidedigna y confiable que debieran entregarle sus ministros, los cuales salen cada cierto tiempo a interpretar o corregir al presidente.