De acuerdo a los hechos investigados por Desenfoque.cl, la lista de problemas que presenta la adjudicación de la Plantas de Revisión Técnica (PRT) en Villa Alemana-La Ligua y en la de San Felipe Limache es enorme. El tema parece tornarse bastante complejo para la Seremitt pues extraoficialmente se supo que este fin de semana estaba en consulta entre la División Jurídica del Ministerio y el escritorio del Subsecretario, en Santiago, creando una presión adicional a los problemas que ya tiene el gobierno en el sector.
El origen de todo parece ser la falta de pulcritud en los procedimientos, las decisiones arbitrarias o sin justificación ni explicaciones. Las múltiples modificaciones a las bases de licitación, transgresiones no subsanadas durante la tramitación -muy fragmentada y extensa – hasta impulsos administrativos discrecionales y sin información pública a los oferentes, configuraron una atmósfera administrativa enrarecida que terminó favoreciendo la adjudicación a la empresa Verosur SpA que, para otro de los competidoras, resultó de dudosa legalidad.
La ausencia de informes de la Dirección de Vialidad del MOP en Valparaíso, fue determinante para una adjudicación cuya propuesta carecía de aptitud vial en la locación de sus plantas, lo que es un requisito esencial de este tipo de servicios según la normativa del propio MTT. Adicionalmente, la acreditación y acompañamiento de antecedentes técnicos de los oferentes; las boletas de garantías presentadas fuera de plazo; las instalaciones de PRT en sitios incompatibles con el uso del suelo fácilmente comprobables con los roles de las propiedades involucradas; constituyen indicativos graves de un proceso anormal, que en estricto rigor, la autoridad no debiera ignorar.
No es primera vez que el Ministerio de Transportes tropieza con el funcionamiento de las Plantas de Revisión Técnica. Un pingue negocio a base de concesiones estatales, y cuyos oferentes no pocas veces están dispuestos a incurrir en acciones corruptivas con tal de conseguir el negocio. De ejemplos de este tipo está lleno el pasado reciente del país.
Generalmente no son empresas menores, sino conglomerados que se mueven a través de todo el país, improvisando muchas veces las condiciones de su oferta técnica como parte de ámbitos mayores de una red de negocios.
En el presente caso, nada de esto se puede afirmar, aunque la ausencia de una Auditoria General de Gobierno capaz de prever y exigir probidad brilla por su ausencia. En el caso de la adjudicada, la Empresa Verosur SpA (RUT 77.389.131-9), que se autocalifica de empresa joven en el sector, tiene un volumen indeterminado de negocios a través del país que, lamentablemente, no se conoce, y que ella no informa porque su página WEB recién está en construcción.
Con todo, si tiene como único accionista a la Empresa HC Inversiones Limitada (RUT 76.050.777), de propiedad de Hugo Contreras González; el que a su vez forma parte de la sociedad Pampa Camarones, que en la actualidad es un conglomerado poderoso orientado a la minería; que antes evolucionó hacia una empresa cerrada, Pampa Mater, con un grupo de accionistas que pusieron sus acciones de Pampa Camarones en ella, entre los que estaban Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Santa Bárbara Limitada, Donoso y Compañía Ltda; HC Inversiones; Finanzas, Activos, Asesorías Financieras; e Inmobiliaria e Inversiones Coya Ltda. Esta a su vez evolucionó luego de unos años a una fusión entre Pampa Camarones (Pampa Mater) con SamSung C&T y que en menos de doce años, entre el 2010 y el 2021, a través de múltiples fusiones y cambios societarios, dentro del mismo grupo, pasaron de un capital de 70 millones de pesos a uno de 110 millones de dólares americanos. En este núcleo empresarial está todo o parte del interés minero de la familia Piñera y en el se mueve HC Inversiones, dueña de Verosur SpA.
El negocio de las PRT, que es cuantioso si se suma todo el país, depende de procesos licitatorios que decide el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Es del interés nacional que tenga procesos transparentes, y esté lejos de la corrupción y de las licitaciones judicializadas a las que ya se acostumbró el país.
Pero el problema no es solo administrativo o de evitar una eventual corrupción, lo que daría motivo para una investigación por parte del Ministerio Público. El problema es que el hecho enturbia la política del gobierno en un tema sensible. Desde el anuncio del tren rápido Santiago Valparaíso el gobierno está al debe. El alcalde Jorge Sharp dijo que al tren “le faltaban 12 kilómetros, porque solo llegaba a Viña del Mar”, apenas unos minutos despues que el Presidente anunciara la noticia. Y el Gobernador Rodrigo Mondaca remató con un “Me enteré por la prensa. A mí nadie me comunica nada”.
Resulta lamentable que en la Región más oficialista del país, con uno de los problemas más urgentes de transporte, estos tengan tan mala gestión, sea en sus aspectos de vialidad, certificación técnica, o diseño de soluciones en materia de transporte urbano e interurbano.
De Mondaca y Sharp, alguien sugirió que si bien ellos tienen un saco de votos y mucho apoyo popular, carecen de poder político porque insisten en comportarse como disciplinados vasallos del centralismo político de La Moneda.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 