La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, por 68 votos a favor, 76 en contra y 6 abstenciones, la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
Lo anterior, luego que la Corporación dedicara casi seis horas al estudio y debate del libelo. Primero se desarrolló el análisis de la denominada cuestión previa, que refiere a si se cumplen los requisitos formales para su presentación. Tras la exposición de la abogada Claudia Sarmiento y de los cinco integrantes de la comisión que analizó la acusación, la Corporación optó por no respaldarla y entrar directamente al fondo de los cargos.
En representación de los acusadores expuso el diputado Johannes Kaiser (IND-bancada PREP). En primer lugar, se refirió al historial del ministro Giorgio Jackson y recordó que, durante su periodo como diputado preparó o respaldó 11 acusaciones que no tuvieron argumentos jurídicos para presentarse. La mayoría de ellas, agregó, no tuvieron respaldo jurídico. Así, evaluó que la institución de la acusación constitucional se degradó “para servir a objetivos políticos”.
Asimismo, dijo que el ministro fue públicamente reprendido por la Contraloría General de la República. Ello, debido a su intervencionismo electoral en favor de una de las opciones que se debatían en el plebiscito constitucional.
Según Johannes Kaiser, la autoridad del Ministerio de Desarrollo Social persigue intereses personales por sobre los generales de la nación. Asimismo, criticó que el acusado no respaldara el acuerdo para reestablecer el orden constitucional perdido tras el estallido social.
El parlamentario insistió en que el ministro se ha desentendido del “Plan Buen Vivir”, pese a que tiene la responsabilidad de cumplirlo. Por otra parte, aseguró que el ministro es responsable por todos cuyos puestos están bajo su dependencia.
La abogada Sarmiento reiteró su llamado a rechazar la acusación. Insistió en que la y los diputados acusadores no identifican hechos personales concretos y directos en que el ministro hubiera incumplido con deber alguno lo legal. “Una sospecha no es equivalente a narrar hechos; no es suficiente para indicar un incumplimiento legal”, planteó.
Sostuvo que un juicio de valor de la ejecución de una política pública no es equivalente a una falta grave. “Cómo se ejecuta un presupuesto; errores en una licitación; diferencias en ver un problema; una evaluación de mérito…, no es equivalente a incumplir la Constitución y las leyes”, remarcó.
Observó que los ministros siempre tienen responsabilidad política de lo que ocurre en sus ministerios, pero recalcó que eso no es lo que se debate en una acusación constitucional. “Cada uno de ustedes tiene un juicio formado acerca de la gestión del ministro, incluso de su carácter. Pero no hay hechos concretos, no existe vulneración alguna por parte del ministro”, sentenció.
Respecto a la ejecución del Fondo de tierras y el subsidio de compra de predios, insistió que no es efectivo que se compraran tierras perturbadas. Señaló que se siguieron los conductos legales que fueron visados con la toma de razón de la Contraloría.
Por otra parte, descartó las presiones a la exseremi Patricia Hidalgo. Junto a ello, detalló los pasos de la invalidación de la licitación de programas destinados a niñas, niños y adolescentes y las acciones correctivas que se han ejecutado por parte de la directora nacional del Servicio Mejor Niñez.
Postuló que disfrazar un malestar político de incumplimiento de la Constitución y las leyes “es una invitación al Congreso para que no las respete”.
De igual modo, dijo que el hecho que en el pasado se haya hecho mal uso de las acusaciones constitucionales, no es un aliciente para seguir en esa senda. “Exhorto con respeto y convicción a rechazar esta acusación”, concluyó.
