En las próximas horas, deberá producirse una de las decisiones esenciales del funcionamiento de nuestro Estado Democrático, la elección de un Fiscal Nacional. Este, cabeza del Ministerio Público de Chile, organismo clave en la persecución penal y el ejercicio legítimo de la fuerza, es uno de los cargos que le da sentido y existencia a la Seguridad y al respeto de nuestro Estado de Derecho.
La decisión corresponde al Senado de la República. Ella tiene lugar en un momento crucial para la estabilidad política y la paz social del país gravemente amenazadas ambas por organizaciones criminales que subrepticiamente horadan, día a día, desde hace años, la institucionalidad. Todo, sin que el Estado y sus órganos políticos y de seguridad hasta ahora hayan dado con el tono adecuado para hacerles frente y que parecen favorecerse de la inacción o los desacuerdos en este campo.
De ahí que, luego de un cierto clima de lasitud y autocomplacencia que de muchos años parece permear el cuerpo político de Chile en esta materia, el tema ha tocado fondo y debe ser resuelto de manera urgente, sin perjuicio de las exigencias que se haga a la nueva autoridad. Felizmente el sistema democrático vigente cuenta con mecanismos aptos para pedir cuentas y exigir responsabilidades si lo prometido no se cumple, especialmente en el Senado que debe resolver ahora. Seria tiempo de empezar a pensarlo.
Esto precisamente debe cambiar en este tipo de procesos pues la capacidad de los tres poderes del Estado intervinientes, en los que ya se pronunció el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y que pusieron el nombre de José Morales a consideración del órgano legislativo ha operado no solo como una competencia política abstracta de auscultar y decidir un nombre, sino también con la pulcritud y la responsabilidad de urgencia que el tema tiene, para avanzar y garantizar a la ciudadanía un ejercicio pacífico y seguro de bienes como la libertad y su bienestar material. Y con toda transparencia.
La salud de la República no depende solo de las autoridades, También depende del equilibrio informativo y la transparencia para evitar se levanten barricadas de dudas sobre la honestidad de las personas, las que solo impiden los esfuerzos del Estado con converger en un criterio común sobre cómo combatir la delincuencia que tanto hoy requiere el país. Por el contrario, ellas, incluso de manera inadvertida, solo favorecen extender en el tiempo la angustia e inseguridad de los ciudadanos. Frente a esto, cada cual debe actuar como lo dicta su conciencia.
Como toda selección competitiva de un cargo, a base de merecimientos cívicos, administrativos y personales, un proceso de esta naturaleza nunca está exento de debates. Algunos de ellos a veces fuera del tono de respeto cívico que el hecho merece. Ni están exentos tampoco de exabruptos e indagaciones odiosas de partidarios ardientes que usan sus argumentos no para calificar las necesidades del cargo sino para descalificar candidatos. No siempre queda claro el porqué.
Pero esta vez la escatología periodística ha estado cercana al paroxismo, agrupando hechos y argumentos de manera arbitraria. Un artículo de Nicolás Sepúlveda (https://www.ciperchile.cl/2022/11/29/caso-basura) sostiene que el Fiscal José Morales mantuvo una relación sentimental con una testigo clave de un caso y la asesoró en documento donde ella se desistía de acusaciones. Se trata de Paula Díaz, cuyos declaraciones finalmente fueron vitales para condenar a los imputados, pese a que según Ciper se trata de uno de los mayores escándalos de corrupción municipal que “se diluyó en la nebulosa” (sic) Casi todo fuera de contexto.
Consultado sobre el tema, José Morales dijo a Desenfoque:
“Efectivamente conozco a doña Paula Díaz, la denominada ‘testigo clave´ del caso basura, desde la época universitaria, ya que fuimos compañeros de carrera, y he mantenido con ella un vínculo de amistad y por un breve lapso de carácter sentimental, con posterioridad a los hechos señalados en el reportaje. Durante la investigación del llamado ‘Caso Basura’, ella me contactó para contarme que su ex cónyuge, imputado en ese caso, le estaba solicitando que firmara un documento desistiéndose de lo que declarado por ella ante el Ministerio Público, pidiéndome consejo, ante lo cual le dije que debía colaborar con la Fiscalía y mantener esa actitud hasta el juicio oral”.
“El denominado ‘Caso Basura’ se trata de la causa RUC: 1300384594-4, que jamás ha estado a mi cargo. La única causa relacionada que yo conocí es la denominada ‘Arista Cerro Navia’, que se refiere a otros hechos y que continúa vigente”.
“Resulta evidente que el consejo dado a doña Paula Díaz, no constituye en modo alguno un ejercicio legal de la profesión, y por lo tanto no incurrí en infracción alguna a mi deber de no ejercerla. Lo anterior es lo que manifesté detalladamente ante el Quinto Tribunal del Juicio Oral en lo Penal y no se aparta en modo alguno de lo que manifesté ante el Senado”.
“Por lo demás, en cuanto a las diferencias que acusa el artículo entre mis dichos y los de la testigo Díaz en juicio, puedo señalar que la declaración que presté en el juicio fue positivamente valorada por el Quinto Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, que en la sentencia definitiva firme y ejecutoriada textualmente señala: ‘La declaración del fiscal José Morales aparece como imparcial, da cuenta de los antecedentes que tuvo conocimiento en el breve lapso que tuvo a su cargo una investigación relacionada…”
Por su parte, Viviana Díaz declaró por escrito que él no tuvo asesoría legal de José Morales y que ella el año 2012 ya señaló que “di una entrevista a CIPER donde relaté las agresiones que sufrí por parte de quien fue mi marido, Marcelo Torres Ferrari” y hablé de las distintas reuniones que él concertó con concejales de la comuna de Maipú, en la casa que habitamos en Chicureo durante los años 2010 y 2011, y que estaban relacionadas con las licitaciones de la basura de esa misma comuna (…) me solicitó firmar un documento redactado por él, donde yo me retractaba de todos mis dichos anteriores y de todo lo declarado en fiscalía. Frente a mis dudas, consulté a José Morales y él como amigo me aconsejó que si yo había dicho la verdad debía sostenerla hasta el final y que debía cooperar con la justicia y que por ningún motivo firmara ese documento, porque estaba encubriendo un delito».
La salud de la República no depende solo de las autoridades, También depende del equilibrio informativo y la transparencia para evitar se levanten barricadas de dudas sobre la honestidad de las personas, las que solo impiden los esfuerzos del Estado con converger en un criterio común sobre cómo combatir la delincuencia que tanto hoy requiere el país. Por el contrario, ellas, incluso de manera inadvertida, solo favorecen extender en el tiempo la angustia e inseguridad de los ciudadanos. Frente a esto, cada cual debe actuar como lo dicta su conciencia.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
