La frase corresponde al discurso conmemorativo de la Entrada en Vigencia de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, hecho por Gilberto Rincón Gallardo, y pronunciado el 12 de mayo del 2008 ante las Naciones Unidas. Luego de 14 años de ratificada la Convención, poco o nada se ha avanzado en Chile.
Convertida en la bandera de lucha por un trato equitativo y justo para las personas con discapacidad, y ratificada por Chile ese mismo año, el trabajo de armonización de las leyes internas en nuestro país ha sido lento y ripioso. El año 2010 se promulgó la Ley 20422 que “Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad”, y el año 2016 el Decreto 50 que Modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para generar Accesibilidad Universal en los espacios públicos. Ese mismo año se hizo la Encuesta Nacional de Discapacidad, ENDISC, que dio como resultado que un 16,7% de los chilenos se encuentra en situación de discapacidad, o sea, más de 2 millones 800 mil personas.
El año siguiente, 2017, se promulgó la Ley 21.015 que Incentiva la Inclusión de personas con discapacidad, que, entre otras cosas, estableció una cuota del 1% de contratación de personas con discapacidad para empresas de más de 100 trabajadores, y cuyo cumplimiento debe ser fiscalizado y su no cumplimiento sancionado con altísimas multas. Finalmente, en octubre del 2020 se promulgó la Ley 21.275 que modificó el Código del Trabajo para promover en las empresas la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de las personas con discapacidad y que, en su articulado, establece que entrará en vigencia el mes vigésimo quinto después de su promulgación, esto es el 1 de Noviembre de 2022. En ella se estableció la obligatoriedad de contar con un Gestor en Inclusión en las empresas calificado por Chile Valora, y una política de capacitación en inclusión laboral para todos los trabajadores de las empresas.
A cinco años de entrada en vigor de la cuota de inclusión laboral, según un informe elaborado por la Fundación Con Trabajo (con datos públicos), se pudo establecer que la contratación por la Ley de Inclusión laboral varió desde el 26,8% el 2019 a un 38,2% en el año 2021. Pero también se pudo establecer que se produjo un aumento en el número de contratos terminados, desde un 14,6% en el año 2019 a un 35,9% en el año 2021. Es decir, el aumento real fue menos que leve. Las contrataciones fueron menores de lo esperado y no significaron una permanencia laboral en el tiempo.
En el sector público se reporta un cumplimiento del 24% al año 2021, por lo que subsiste una brecha bastante alta. Ello considerando que la Ley indica que en las contrataciones por inclusión no se incluyen los contratos a honorarios, por lo que la exigencia en el caso del sector público se hace más compleja aún.
En ninguna de las cifras actuales se llega al 50% de cumplimiento a 5 años de entrada en vigencia de las leyes que permitirían la inclusión laboral, y después de 14 años de ratificada la Convención.
Si bien es cierto se han producido mejoras generales, estas han sido extraordinariamente lentas. En las discapacidades emergentes, como el caso de las personas que experimentan una discapacidad física por un cáncer, por ejemplo, o una enfermedad neurodegenerativa, simplemente no existen impulsos reales. A aquellas a las cuales el sistema les otorgó un subsidio habitacional en un cuarto piso, por ejemplo, se encuentran prácticamente a la “buena de Dios” sobre todo en casos de emergencia como sismos o incendios, ya que no existen adecuaciones funcionales de parte del Estado más allá de la colocación de pasamanos adaptables para los baños al interior de las viviendas.
Chile tiene ciudades profundamente inseguras para las personas con discapacidad, amén de un mundo laboral depredador para la mayoría de los asalariados denominados “colaboradores”, que ayudan a reducir o manejar los impactos de la subordinación física.
A partir del próximo mes de noviembre, con la entrada en vigencia de la última medida que genera mecanismos de sanción a las empresas públicas y privadas, se podrá observar si efectivamente el país camina hacia la inclusión plena de las personas con discapacidad, o seguirá a paso displicente en un tema de fundamentos ético, moral y legal acerca de la igualdad.
Con todo, en medio de tanto discurso vacío en un “Chile lento y a medias”, el nombre de Gilberto Rincón Gallardo, abogado y político mexicano, que dedicó su vida a la lucha en contra de los diversos tipos de discriminación y que lamentablemente en agosto del mismo 2008 falleciera, seguirá sonando firme entre quienes trabajamos en esta causa. Limitado por su propia situación de discapacidad, exhibió una voluntad de héroe civil para realizar su incansable labor en pro de los derechos humanos fundamentales, dejando una lección moral para toda la sociedad.