La mañana del pasado lunes 22 de agosto, Kateryn Pérez Moraga (30) falleció mientras realizaba
labores de buceo en uno de los centros de cultivo de salmones de la empresa Nova Austral, ubicado
al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini, en la región de Magallanes. En el mismo evento,
otros dos trabajadores de la misma empresa contratista, Austral Service SpA, sufrieron una
descompresión durante el rescate y fueron trasladados al Hospital Naval de Punta Arenas para ser
ingresados a la cámara hiperbárica del recinto, detallaron la Fundación Terram y el Observatorio Ciudadano en un comunicado.
En la nota de prensa, ambas entidades advirtieron que en la salmonicultura, el trabajo de buceo incluye la reparación de redes, la instalación de infraestructura y la extracción de peces muertos, siendo la labor donde se produce la mayor cantidad de accidentes graves o con resultado de muerte. Según el Informe ”Industria salmonera en Chile y derechos humanos – Evaluación de Impacto Sectorial”, realizado conjuntamente por el Instituto Danés de Derechos Humanos (IDDH) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entre el año 2004 y 2017 ocurrieron 164 accidentes de buceo en la industria salmonera en Chile, donde 32 personas perdieron la vida en estas labores.
Aseguran que «esta situación contrasta con otros países que también producen salmón, como Noruega. El mismo informe señala que, entre 2008 y 2017, el mayor productor de salmón a nivel mundial registró una muerte por labores de buceo, mientras en ese mismo periodo en Chile 20 buzos murieron
trabajando para una industria que, durante los últimos 31 años, sostuvo una tasa de crecimiento
promedio anual de 105%».
«El hecho de que en Chile se produzcan 20 veces más muertes de buzos que en Noruega, solo expresa
la brecha que existe entre ambos países en materia de seguridad laboral. Según el informe citado,
la inseguridad laboral se expresa de diversas maneras, tales como realizar labores de buceo aun
cuando las condiciones climáticas no son las adecuadas por presión de las empresas, períodos de
descansos insuficientes acordes al tipo de trabajo, o falta de equipos e insumos adecuados como,
por ejemplo, una cantidad suficiente de cámaras hiperbáricas y profesionales médicos para una
oportuna atención ante emergencias, fundamentales ante problemas de presión, comunes por el
tipo de trabajo», agregan.
Por eso, «desde Fundación Terram y el Observatorio Ciudadano consideramos inaceptable y preocupante que luego de décadas de crecimiento sostenido de la salmonicultura, el Estado aún no sea capaz de regular y fiscalizar lo suficiente para proteger la vida y la integridad física y psíquica de sus
trabajadoras y trabajadores. Un ejemplo de esto, es que el Decreto N° 752/1982, que regula la
actividad de buceo, solo exige cámaras hiperbáricas para labores bajo los 40 metros, profundidad
mayor a la habitual de las balsas jaulas».
Critican además que «los protocolos que han realizado los gremios salmoneros, como Consejo del
Salmón y SalmonChile, para labores de buceo son de carácter voluntario, al no estar regulados
por el Estado, mientras que la normativa vigente no les exige hacerse responsables ante este tipo
de accidentes. Así es como, por un lado, la industria suele destacar la cantidad de empleos directos
e indirectos que la sustentan, mientras que, en materia de derechos laborales, el sector salmonero
se desentiende de la seguridad de sus trabajadoras y trabajadores, sumado a su baja receptividad
para asumir y afrontar afectaciones en derechos humanos documentadas en esta materia».
