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Efectivos policiales lograron la detención de uno de los individuos, que resultó ser estudiante de 17 años del mismo establecimiento. Los desórdenes se repitieron esta mañana en el liceo Barros Borgoño. La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler condenó los hechos y anunció acciones legales contra los responsables.
Con un menor de edad detenido terminaron esta mañana los desórdenes protagonizados por cerca de 30 individuos encapuchados y vestidos con overoles blancos en las afueras del Instituto Nacional, que como todos los establecimientos educacionales del país, regresaron este lunes a clases tras las vacaciones de invierno.
Al igual que otros episodios similares registrados en el mismo colegio, los manifestantes se enfrentaron con efectivos de fuerzas especiales de Carabineros lanzando bombas molotov.
Fue en medio de esos incidentes que los policías lograron la detención de uno de los individuos, quien resultó ser un joven de 17 años que estudia en el Instituto Nacional. Tras su aprehensión fue trasladado hasta la 48 Comisaría de la Familia.
Su captura ocurrió luego de lanzar una bomba molotivo en la calle Arturo Prat con la Alameda Bernardo O´Higgins, la que dañó el toldo de los comerciantes que se instalan en el lugar.
Paralelamente a estos hechos, y también en la comuna de Santiago, otros manifestantes con overoles se tomaron el liceo Manuel Barros Borgoño, ubicado en la calle San Diego, quienes esta mañana también están enfrentándose a la policía uniformada con objetos incendiarios e instalando barricadas que mantienen cortado el tránsito.
En tanto, la alcaldesa de Santiago condenó estos hechos y anunció que el municipio ejercerá todas las acciones legales en contra de sus responsables.
«Aquí no hay reivindicaciones, no hay demandas educativas, sino que simplemente un grupo acotado que actúa de manera violenta”, dijo la jefa comunal, enfatizando que “hemos promovido el diálogo y nuestras puertas siempre van a estar abiertas con todas aquellas personas que quieran mejorar la educación pública”.
Finalmene, anunció que «tomaremos las acciones legales contra quienes resulten responsables de afectar el proceso educativo”, incluidas denuncias o querellas.
