Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible declara su apoyo al «apruebo» en el plebiscito del 4 de septiembre

El Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible declaró su apoyo a la opción apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre y comprometió «todos los esfuerzos para exponer nuestras razones con la mayor amplitud de que seamos capaces» para lograr que se apruebe la propuesta de nueva Carta Magna elaborada por la Convención Constitucional.

A través de una declaración pública, la instancia creada en 2019 y de la que forman parte cerca de un centenar de
economistas y profesionales de variadas disciplinas y de un espectro político que va desde la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, el Frente Amplio, y muchos independientes, recordó que «el arduo trabajo de la Convención ha sido particularmente complejo. Nacida a raíz de un amplio acuerdo en el Congreso Nacional para dar salida institucional a la más aguda crisis social y política vivida por el país en los últimos cincuenta años, ha conseguido ya ese objetivo fundamental. El estallido social de octubre de 2019 expresó un extendido rechazo al orden existente y una profunda fractura entre la sociedad y el conjunto del sistema político. Incluso las fuerzas políticas y sociales que tomaron distancia del acuerdo del 15 de noviembre finalmente han participado activamente en el proceso constituyente».

Explica que «examinando el borrador del texto constitucional, es dable apreciar que las normas aprobadas satisfacen los estándares democráticos. En efecto, las normas aprobadas salvaguardan la soberanía popular, contemplan una completa enunciación de derechos políticas fundamentales, recogen la noción de que las potestades se encuentran limitadas por éstos, consagran el principio de supremacía constitucional, se fortalece el Gobierno representativo inspirado en el principio de separación de poderes, se reconoce el principio de responsabilidad de los agentes públicos, se asegura la independencia de los tribunales de justicia, y un conjunto relevante de principios democráticos universales».

Y agrega: «Reviste particular importancia la afirmación de que la vigencia y el respeto a los Derechos Humanos constituyen un principio esencial de la nueva Constitución, al otorgársele rango constitucional a todos los tratados internacionales respectivos suscritos por Chile, así como a los principios generales de los derechos humanos y al derecho internacional consuetudinario sobre la materia. Finalmente, se amplia y perfecciona la democracia representativa, al establecerse diversas instituciones de democracia directa y comunitaria».

Finalmente, y a la espera de la propuesta definitiva que se someterá al plebiscito de salida, el Foro sostiene que «se puede afirmar que las demandas ciudadanas orientadas a iniciar profundas transformaciones en la sociedad y la economía están ampliamente recogidas en el borrador del texto aprobado. Las proposiciones de la Convención son muy superiores a las de la Constitución vigente. Se insiste en que la actual no es la misma Constitución de Pinochet porque ha sufrido muchísimas modificaciones, lo que es cierto. Sin embargo, junto a su ilegitimidad de origen, el texto vigente mantiene íntegro uno de los tres pilares básicos de la original: el Estado mínimo o subsidiario, que no pudo ser sustituido en los treinta últimos años de ejercicio democrático y que ha sido un pilar fundamental de la subsistencia del modelo neoliberal dominante».

Finalmente advierte que «un hipotético triunfo de la opción rechazo llevaría a mantener vigente una Constitución ya muerta, a clausurar el camino aprobado por la mayoría de la ciudadanía para resolver la aguda crisis política por la vía institucional y abriría un periodo de gran incertidumbre política, desviando la atención del sistema político de los agudos problemas económicos, sociales, sanitarios y de seguridad que nos agobian como país».

Adscriben a esta declaración Alejandra Krauss, ex ministra de MIDEPLAN y de Trabajo; Andrés Palma, ex ministro de MIDEPLAN y ex diputado; Carlos Ominami, ex ministro de Economía y ex Senador; Sergio Bitar, ex ministro de Educación y Obras Públicas, y ex Senador; Jorge Leiva, ex ministro de Economía; Paulina Saball, ex ministra de Vivienda; Andrés Rebolledo, ex ministro de Energía y ex Director General de Relaciones Económicas de la Cancillería; Álvaro Erazo, ex ministro de Salud; Ana María Correa, ex subsecretaria de Economía; Hernán Calderón, presidente de CONADECUS; Alexandra Nuñez, ex intendenta de Atacama; Hernán Frigolet, Reinaldo Ruiz, ex subsecretario de Agricultura; Víctor Barrueto, ex diputado y ex presidente del PPD; y Gustavo Rivera, ex subdirector de Presupuesto. entre otras personalidades.

Descarga la declaración completa en este enlace.