“Un día histórico”, dijo el Presidente José Antonio Kast desde Talca. “A partir de hoy comienza un cambio de mano importante”.
Lo histórico fue la postal: 191 reos subidos a buses, custodiados por Carabineros, PDI y Fuerza Aérea, rumbo a la cárcel La Laguna. Durante la jornada el total llegó a 687. Cámaras, escoltas, discurso. El gobierno inauguró así su política penitenciaria con un operativo que parece sacado de un guion de campaña.
El problema es que las cárceles no se gobiernan con postales, con «cadena matinal».
El “Operativo Cancerbero” es la primera gran acción del Plan que lleva el mismo nombre y que Kast prometió en campaña inspirado en el modelo de Nayib Bukele. La lógica es simple y comunicacionalmente efectiva: aislar, incomunicar y trasladar a los líderes criminales. Lejos de Santiago, lejos de sus redes.
Pero trasladar no es desarticular. Las redes del crimen organizado no dependen de un pabellón. Dependen de la corrupción. Hace pocos meses el caso que estalló en Santiago 1 y en la cárcel de mujeres de San Joaquín dejó al descubierto un mercado interno: cobro por ingreso de celulares, “combos” de comida rápida, tarifas por cambio de módulo, extorsión para devolver teléfonos incautados. El propio director de Gendarmería tuvo que reconocer que no había “control absoluto de las cárceles”.
¿De verdad pensamos que cambiar 687 personas de edificio resuelve eso? Si no se corta el flujo de dinero, de teléfonos y de complicidades internas, en seis meses La Laguna tendrá los mismos problemas que Santiago 1. Solo que con un gasto fiscal mayor y una foto más.
Más cemento, menos Estado
El Plan Cancerbero se sostiene en 4 pilares: seguridad y control, profesionalización de Gendarmería, nueva infraestructura y reinserción. Suena integral. En la práctica, el énfasis está en los dos primeros.
La meta es ambiciosa: 60.000 a 100.000 nuevas plazas en 4 años, cárceles de máxima seguridad, aislamiento total tipo 41-bis italiano. Sin visitas, sin teléfonos, con uniformes obligatorios, body scanners e inhibidores de señal. Además, 5.000 nuevos gendarmes y protección de identidad para el personal.
Aquí está el engaño de la mano dura. El Estado chileno no tiene un problema de metros cuadrados. Tiene un problema de gestión. Podemos construir 10 penales nuevos, pero si seguimos sin inteligencia penitenciaria real, sin controles de ingreso efectivos y sin una carrera funcionaria que proteja a los gendarmes de la cooptación, solo estaremos multiplicando los lugares donde se “profesionaliza el delito”, como bien dice el propio diagnóstico del gobierno.
Y sobre la reinserción, el anuncio de “trabajo obligatorio con sentido de reparación” preocupa. Si no viene acompañado de derechos laborales, formación y acompañamiento post-penitenciario, se convierte en una fachada para el castigo. Trabajar no rehabilita por sí solo. Rehabilita un proyecto de vida.
El costo democrático de importar modelos
Kast ha dicho que quiere “devolverle al Estado el control de sus cárceles”. Es un objetivo legítimo. Pero la forma importa.
El modelo de aislamiento extremo ha sido cuestionado internacionalmente por organismos de derechos humanos. Cuando se suspenden visitas, se anula la comunicación y se encierra 23 horas al día, lo que se produce no es solo castigo: es incubación de mayor violencia y es una bomba de tiempo para cuando esas personas vuelvan a la calle.
Además, el gobierno llega tarde a un debate que ya estaba sobre la mesa. El expresidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción dentro de Gendarmería. Es decir: una institución dedicada a custodiar y otra al tratamiento. Sin esa separación institucional, Cancerbero corre el riesgo de ser solo un parche administrativo con mucho ruido.
¿Qué necesita Chile realmente?
Necesita tres cosas que no salen en el spot:
1. Inteligencia y anticorrupción. Tecnología sí, pero también investigación patrimonial a funcionarios, rotación de personal y sanciones ejemplares. Sin eso, los inhibidores de señal se compran y los scanners se sortean.
2. Clasificación real de la población penal. No todos los 687 trasladados son líderes de bandas. Mezclar perfiles y aplicar el mismo régimen a todos es ineficiente y criminógeno.
3. Reinserción con presupuesto. No basta con decir “trabajo obligatorio”. Se necesita educación, salud mental, vínculos familiares y empresas dispuestas a contratar. Eso cuesta más y se ve menos que un bus de gendarmes.
El traslado a Talca fue eficaz para comunicar. Ineficaz para gobernar.
Si el gobierno de Kast confunde operativos mediáticos con política criminal, en cuatro años tendremos cárceles nuevas, más caras y con el mismo crimen organizado adentro, solo que más profesionalizado.
El día histórico de verdad no fue. El día histórico será cuando un gobierno se atreva a hacer lo impopular: invertir en inteligencia, limpiar Gendarmería desde adentro y entender que la seguridad no se decreta con megacárceles. Se construye desarmando, metro a metro, el negocio que hoy sostiene a las bandas dentro y fuera de los muros.
Mientras tanto, nos quedamos con la foto. Y con la duda de cuánto durará el “cambio de mano” antes de que la otra mano, la del crimen, vuelva a tomar el control.
