En 1980, en plena dictadura militar, Chile fue transformado en el principal laboratorio del neoliberalismo en América Latina. La creación del sistema de AFP vino acompañada de una promesa ambiciosa: que los trabajadores podrían jubilar con pensiones cercanas al 70% de sus sueldos e incluso, en algunas campañas promocionales de la época, se habló de jubilaciones equivalentes al salario completo.
Décadas después, la realidad terminó desmintiendo aquella promesa.
Según cifras oficiales y diversos estudios, las tasas de reemplazo reales del sistema estuvieron muy por debajo de lo prometido durante años. El propio expresidente Sebastián Piñera reconoció públicamente en 2016 que “el sistema de pensiones no está cumpliendo con las expectativas ni con su promesa original”, aludiendo precisamente a las bajas jubilaciones entregadas por las AFP.
Pero lo más duro no son únicamente los números.
Lo más duro es el tiempo.
Mientras economistas, ministros y expertos hablaban de rentabilidad y sostenibilidad fiscal, millones de chilenos envejecieron trabajando hasta el agotamiento para terminar recibiendo pensiones miserables. Muchos murieron esperando aquella promesa. Entre ellos, mis padres. Nunca alcanzaron a ver esa vejez digna que les aseguraron quienes diseñaron el modelo.
Y hoy, la historia parece repetirse.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido la llamada megarreforma económica del gobierno de José Antonio Kast señalando que sus principales resultados se verían en aproximadamente 30 años. Otra vez el mismo libreto: sacrificios inmediatos, costos fiscales presentes y beneficios proyectados hacia un futuro lejano que nadie puede garantizar.
Pero hay una pregunta incómoda que el oficialismo evita responder: ¿cuántos de nosotros estaremos vivos para comprobar si aquello realmente es verdad?
Tal vez muchos de quienes hoy lean esta columna ya no estén aquí. Tal vez tampoco lo estén el propio ministro Quiroz, el Presidente Kast o los senadores que voten favorablemente esta reforma. Seguramente yo tampoco llegaré a ver esos supuestos frutos prometidos para mediados del siglo XXI.
Porque esa ha sido una constante del modelo económico chileno desde los años 80: prometer bienestar futuro mientras el costo lo paga el presente.
Uno de los puntos más delicados de esta megarreforma es la invariabilidad tributaria ofrecida a grandes inversionistas. Según lo conocido del proyecto, inversiones desde los 50 millones de dólares podrían acceder a estabilidad tributaria por hasta 25 años.
Y aquí aparece otra pregunta fundamental: ¿realmente 50 millones de dólares representan hoy una mega inversión excepcional en Chile?
En un escenario donde los grandes proyectos mineros, energéticos, portuarios e inmobiliarios suelen mover cientos o incluso miles de millones de dólares, el umbral planteado por el gobierno resulta relativamente bajo en comparación con las dimensiones reales del gran capital que opera actualmente en el país.
Pero además existe un simbolismo histórico imposible de ignorar.
El antiguo Decreto Ley 600 impulsado durante la dictadura también contemplaba regímenes especiales de invariabilidad tributaria para inversiones sobre los 50 millones de dólares, especialmente en grandes proyectos extractivos y mineros.
Es decir, la megarreforma no está construyendo un modelo nuevo.
Está copiando casi exactamente una lógica económica heredada de los años más duros del experimento neoliberal chileno: entregar garantías extraordinarias al gran capital bajo la promesa de que el crecimiento futuro compensará los costos sociales del presente.
En términos simples, futuros gobiernos democráticos quedarían limitados para modificar reglas impositivas respecto de grandes capitales privados, aun cuando el país enfrente nuevas necesidades sociales, crisis económicas o urgencias fiscales.
Eso no es solamente una discusión técnica.
Es una discusión sobre soberanía.
Porque mientras se reducen impuestos y cargas tributarias a grandes empresarios bajo la promesa de atraer inversión, el mismo gobierno impulsa un recorte fiscal transversal cercano al 3% por ministerio.
Y los recortes nunca golpean a todos por igual.
Cuando el Estado reduce gasto público, quienes terminan pagando el costo son siempre los mismos: la salud pública saturada, la educación debilitada, el deporte abandonado, el transporte más precario, las regiones postergadas y los programas sociales reducidos.
Los efectos no recaen sobre quienes tienen patrimonio suficiente para pagar clínicas privadas, colegios particulares o seguridad económica garantizada.
Recaen sobre los más pobres. Sobre la clase media que vive endeudada. Sobre los adultos mayores que dependen del sistema público de salud. Sobre los niños que estudian en escuelas con recursos insuficientes. Sobre los jóvenes que ven cómo se cierran oportunidades. Sobre millones de familias que dependen diariamente del Estado para sostener una vida digna.
Y es precisamente ahí donde aparece el problema de fondo: la ortodoxia económica.
Porque esta megarreforma no parece construida desde una mirada pragmática ni desde las necesidades reales de la mayoría de los chilenos. Está construida desde una convicción ideológica rígida, casi dogmática, donde el mercado siempre tiene razón, el Estado siempre debe retroceder y cualquier política pública termina subordinada a una visión económica profundamente conservadora.
La historia demuestra que cuando la economía se transforma en doctrina política, la realidad social termina siendo ignorada.
Y esa intransigencia económica tiene consecuencias humanas concretas. Porque detrás de cada recorte presupuestario no hay solamente cifras fiscales: hay listas de espera en hospitales, escuelas con menos recursos, programas deportivos eliminados, transporte público deteriorado y familias completas cargando el peso de decisiones tomadas desde oficinas donde muchas veces nunca se experimenta la precariedad cotidiana.
Y Chile ya vivió algo similar.
Durante la dictadura se implementó el Decreto Ley 600, conocido como Estatuto de la Inversión Extranjera, que otorgaba garantías e invariabilidad tributaria a inversionistas externos bajo el argumento de atraer capitales y acelerar el crecimiento económico.
La promesa era prácticamente idéntica a la actual: menos regulaciones, más certezas para el gran capital y, eventualmente, prosperidad para todos.
Sin embargo, el crecimiento económico chileno convivió durante décadas con profundas desigualdades, concentración de riqueza y un debilitamiento estructural de la capacidad del Estado para responder a demandas sociales.
Y lo más llamativo es que el mundo ya experimentó estas recetas.
Ronald Reagan en Estados Unidos impulsó durante los años 80 enormes rebajas tributarias bajo la teoría del “chorreo”, asegurando que beneficiar a los sectores de mayores ingresos terminaría favoreciendo a toda la economía. Margaret Thatcher aplicó políticas similares en Reino Unido con privatizaciones masivas y reducción del rol estatal. Décadas después, Donald Trump volvió a promover fuertes recortes tributarios para grandes empresas y multimillonarios.
Los resultados son ampliamente discutidos hasta hoy, pero existe consenso en algo: ninguna de esas experiencias eliminó la desigualdad ni generó el bienestar masivo que prometieron sus impulsores.
En cambio, sí aumentaron la concentración económica y las dificultades fiscales de los Estados para financiar políticas públicas.
Por eso preocupa que Chile vuelva a insistir en fórmulas que ya demostraron sus límites.
Mientras se ofrecen garantías tributarias de largo plazo a grandes inversionistas, a la ciudadanía común se le sigue pidiendo paciencia. Paciencia al jubilado que no llega a fin de mes. Paciencia al trabajador endeudado. Paciencia al joven que no puede acceder a una vivienda. Paciencia a las familias que llevan décadas esperando que el crecimiento económico finalmente mejore sus vidas.
Pero un país no puede sostenerse eternamente sobre promesas postergadas.
No se puede seguir gobernando pensando únicamente en indicadores macroeconómicos mientras millones viven con incertidumbre cotidiana. No se puede seguir hipotecando recursos públicos y margen fiscal bajo la promesa de beneficios que siempre llegarán “en 30 años”.
Chile ya creyó una vez en un milagro económico prometido desde el poder.
Y demasiados murieron esperando verlo.
Por eso, más que velocidad legislativa o disciplina partidaria, lo que hoy necesita Chile es responsabilidad histórica.
Ojalá el Senado entienda que esta no es simplemente una reforma económica más. Lo que está en juego es el tipo de país que se quiere construir durante las próximas décadas.
Porque las malas decisiones económicas no las pagan quienes las diseñan desde oficinas ministeriales o directorios empresariales. Las pagan las familias comunes, los jubilados, los trabajadores, los jóvenes y quienes dependen del Estado para vivir con dignidad.
Chile ya conoce demasiado bien las consecuencias de convertir dogmas ideológicos en políticas públicas intocables.
Por eso el Senado debe actuar con prudencia, sin presiones ni triunfalismos, tomarse el tiempo necesario y pensar en el bienestar de todo un país, no solamente en los intereses de quienes siempre terminan beneficiándose primero cuando el Estado retrocede y el mercado avanza.
