El diputado de la FRVS, Jaime Mulet, elevó la tensión sobre la principal empresa estatal del país al presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público por lo que calificó como una «alteración y fraude» en los reportes de producción de Codelco durante 2025. La acción judicial surge tras revelarse una auditoría interna que detectó una presunta sobreestimación de 20 mil toneladas de cobre, cifra que habría permitido a la cuprífera cumplir metas y asegurar el pago de bonos.
Las 20 mil toneladas de la discordia El foco del conflicto se sitúa en diciembre de 2025, mes en que la estatal reportó una producción de 172.300 toneladas, superando drásticamente el promedio mensual de 105.600 toneladas de ese año. Sin embargo, la auditoría preliminar determinó que cerca de 20 mil toneladas incluidas en ese balance no cumplían con el requisito de ser «comercializables» ni contaban con los respaldos técnicos necesarios.
Este «salto» productivo fue puesto en duda luego de que en enero de 2026 la producción cayera a solo 91 mil toneladas, lo que encendió las alarmas en la industria minera y el mercado de bonos.
Mulet exige intervención internacional Para el parlamentario, los hallazgos internos de la minera no son suficientes. «Aquí se requiere una comisión internacional que audite. No bastan las auditorías internas de Codelco, nos ha estado mintiendo muchos años», sentenció Mulet, quien acusó la existencia de una «administración fraudulenta». Según el diputado, este tipo de prácticas no solo afectan la fe pública, sino que impactan directamente en los balances, en los beneficios que reciben ejecutivos y trabajadores, y en la credibilidad ante los acreedores extranjeros.
Delitos bajo la lupa La denuncia criminal presentada por Mulet apunta a una serie de figuras penales que el Ministerio Público deberá investigar:
- Fraude al Fisco y administración desleal.
- Falsificación documental y uso de información falsa en documentos oficiales.
- Responsabilidad penal de la persona jurídica.
La investigación apunta a roles específicos, como el gerente de Presupuesto y Control de Gestión, César Márquez, y el gerente de la División Chuquicamata, René Galleguillos, por su presunta participación en la autorización de estas cifras sin las aprobaciones correspondientes. Mientras la estatal defiende que el proceso de auditoría sigue en curso y que existen «prácticas anteriores» que podrían justificar ciertos registros, Mulet advirtió que llegará al fondo del asunto para evitar que estas crisis de probidad terminen en intentos de privatización de la empresa.
