Tras seis intensas semanas de juicio oral, la justicia finalmente entregó un veredicto por uno de los crímenes más atroces registrados en la Región del Bío Bío. El Tribunal de Cañete declaró culpables a los hermanos Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, junto a Nicolás Rivas Paillao, por su responsabilidad en el asesinato de tres funcionarios policiales ocurrido en abril de 2024.
La resolución judicial ratifica la brutalidad del ataque contra los uniformados Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal. Los hechos, que conmocionaron al país, dan cuenta de que «los uniformados fueron emboscados, ejecutados con sus propias armas y luego sus cuerpos quemados al interior del vehículo policial», según consignó la parte querellante durante el proceso. Mientras los hermanos Antihuén fueron sindicados como los ejecutores directos, Rivas fue catalogado como autor colaborador.
De acuerdo con la información publicada por la fuente original, BioBioChile, el rol de Nicolás Rivas fue clave para concretar el ataque, aunque él sostiene una versión distinta. En su declaración, el ahora condenado afirmó que fue invitado por Tomás Antihuén a un robo, pero que él se negó y «solo facilitó armamento para el supuesto atraco», argumentando que no tuvo participación directa en el asesinato.
La lectura del veredicto se realizó con los hermanos Antihuén conectados vía telemática desde el penal Bío Bío, mientras que Rivas no compareció tras reportarse enfermo en su recinto de reclusión.
Ahora, el futuro de los cuatro sujetos está en manos del tribunal, que deberá decidir si acoge la solicitud de la Fiscalía de La Araucanía. El Ministerio Público ha sido tajante en pedir la pena máxima para los responsables de esta matanza: «presidio perpetuo calificado», lo que implicaría que los condenados pasen el resto de sus vidas tras las rejas.
