La tramitación de la nueva Ley de Pesca vuelve a quedar bajo la lupa pública tras una revelación que despierta los fantasmas de la corrupción en el sector. Según una investigación de CIPER Chile, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados ya ha dado luz verde a 60 indicaciones presentadas por el diputado Sergio Bobadilla (UDI), las cuales son una copia textual de un informe elaborado por la gremial empresarial Sonapesca.
Un calco de los intereses industriales El hallazgo se produjo tras la revisión de 87 sesiones legislativas, donde se detectó que el parlamentario por el Biobío presentó un paquete de propuestas que reproducen íntegramente el contenido del documento “Informe Técnico Jurídico sobre el proyecto Ley de Pesca 16500-21”, encargado por el gremio a una consultora externa. Aunque originalmente se detectaron 211 indicaciones con esta característica, ya son 60 las que han logrado sortear la votación y quedar integradas en el proyecto que busca reemplazar a la actual normativa.
Estas modificaciones afectan a 42 artículos de la nueva ley, centrándose en áreas críticas como la institucionalidad pesquera, los regímenes de sanciones y los procedimientos administrativos. Consultado por el medio que realizó la investigación, el diputado Bobadilla declinó referirse al tema.
Debilitamiento de la fiscalización Uno de los puntos que genera mayor controversia es el impacto real de estos cambios en la capacidad de control del Estado. Entre las indicaciones aprobadas, destaca la modificación al artículo N°362, que regula las facultades del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
La propuesta de Bobadilla —idéntica a la de la industria— logró eliminar la calidad de «ministro de fe» de los funcionarios del Servicio y de la Armada en sus labores de fiscalización. Asimismo, se eliminó un párrafo que obligaba a la Subsecretaría de Pesca a publicar en su sitio web el listado detallado de las naves y armadores industriales que cumplen con los requisitos para operar, reduciendo así los estándares de transparencia del sector.
El fantasma de Corpesca y Orpis La situación es especialmente sensible debido a que la actual Ley de Pesca (conocida como «Ley Longueira») ha sido duramente cuestionada por los vínculos opacos entre la política y el dinero. Es necesario recordar que la legislación vigente terminó con el exsenador de la UDI, Jaime Orpis, condenado por fraude al fisco y cohecho, tras acreditarse pagos de la pesquera Corpesca para influir en su voto.
El propio Bobadilla cuenta con antecedentes que lo vinculan al gremio: en 2019 fue citado a declarar por pagos de $26 millones recibidos de la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes) a través de una consultora, en un periodo en que no ejercía como diputado.
Reacciones en el Congreso La revelación ha generado incomodidad en el Ejecutivo y en el parlamento. El ministro de Economía, Nicolás Grau, manifestó su escepticismo ante la coincidencia total de las propuestas: “Yo soy muy escéptico que los intereses de sus votantes coincidan tanto con los intereses de la industria, de manera que más de 200 indicaciones se tengan que copiar de manera textual”.
Por su parte, el diputado Leonidas Romero (PNL) dejó una frase que grafica la tensión en la comisión. Al notar que una redacción propuesta por Bobadilla era preferida por los asesores técnicos, comentó con ironía: “Ya, perfecto, me va a obligar a votar una indicación de la empresa”.
Se espera que la discusión continúe en los próximos meses con las normas transitorias, donde fuentes parlamentarias advierten que se juega el “corazón” de la nueva normativa.
