No podemos saber cómo le irá al gobierno en los primeros 6 meses de ejercicio. Esperamos que bien, para el bienestar del país. Sin embargo, dada la composición de su gabinete vis a vis las urgencias nacionales, es probable que la estabilidad o rotación de los ministros opere como un indicador anticipado de satisfacción política ante la ciudadanía.
Sí, se puede afirmar que el gabinete no manifiesta claramente un núcleo político articulador. Por lo tanto, su fundamento real es la voluntad del presidente electo, con cierta ambigüedad política. La primera señal la dio inmediatamente después de su triunfo en segunda vuelta. Apareció solo en su discurso de triunfo, luego apartó a su partido, el Republicano, de las decisiones políticas, y salió a buscar técnicos para llenar los cargos ministeriales. Nunca estuvo muy claro con cuales atributos profesionales en su perfil. Solo con el requerimiento de ser “idóneos”.
Muchos leen el hecho como un error. En el país hay exceso de ministerios por la sencilla razón que nada se coordina políticamente desde hace años y en políticas públicas todo tiende a ser considerado como algo sectorial y puramente técnico. La dimensión política de los problemas ha pasado a un segundo plano. Y este gabinete, sin fusionar o reducir ministerios, parece aceptar la receta con una incorporación muy amplia de nombres.
La experiencia de gobiernos exitosos indica que la calidad y eficiencia de su ejercicio reside en su capacidad de coordinación política para ejecutar afinada y coherentemente las prioridades. Los gobiernos fallan porque o no tienen claras las ideas sobre el ejercicio gubernamental de su poder, o carecen de la capacidad de ejecutar lo que se decide. Ambas son un problema para el ejercicio del liderazgo gubernamental.
En todo gobierno moderno los grandes temas que orientan la agenda son siempre intersectoriales. Seguridad, crecimiento, educación, bienestar, relaciones exteriores, entre otros, en su gestión y control requieren tanto de la calidad técnica como de un mando político eficiente y eficaz.
El gobierno que asumirá en marzo se autodefinió de “emergencia”. Ello supone una agenda concreta y clara de problemas y prioridades para enfrentar esa emergencia. Chile es un país de elongación geográfica extensa y compleja, con precaria estabilidad geofísica, con sequías, cambio climático, terremotos, tsunamis o incendios forestales que emergen de manera imprevista e insidiosa a una enorme velocidad temporal.
Pero también, ha acumulado problemas propios de la política como la desestructuración de sus instituciones, corrupción e inseguridad, donde la emergencia requiere un trato equilibrado y cuidadoso de los aspectos políticos y técnicos de sus problemas. Desde hace años esto no ha sido así, y la solución de ellos ha quedado en titulares de política.
En la designación del gabinete de José Antonio Kast se advierte, a primera vista, poca atención a estas consideraciones. La develación política que entregan los nombres que lo componen, en su mayoría independientes o personas sin incidencia política amplia, desplazan el componente político que acompañó en años anteriores al presidente electo. Donde se suponía, estaría su núcleo central.
De ser efectiva esta observación, ello dejaría toda la presión política al presidente para lograr los acuerdos y apoyos que requiere para articular la gobernanza con el resto de los poderes del Estado. Especialmente en materia parlamentaria, donde el fraccionamiento del gabinete no sería capaz de articular mayorías fácilmente.
Una regla de oro es que, en cualquier circunstancia, de emergencia o no, todo gobierno requiere de sensores y fusibles que canalicen los flujos positivos o interrumpan los negativos antes que las demandas o problemas lleguen al centro del poder ejecutivo. Esa es una de las principales misiones de un comité político de gobierno. La acompaña una segunda regla: respeta y conserva tu base de apoyo. De alguna manera, no resulta claro que ambas se estén respetando.
La agenda de seguridad es un ejemplo perfecto de requerimiento intersectorial. Su nivel más simple ya incluye seguridad interior, orden público, sistema policial, política militar, coordinación entre seguridad y defensa, sistemas de inteligencia, sistema penal, y fuertes aspectos de relaciones exteriores, sobre todo vecinales. Es decir, implica a varios ministerios. En Chile se le puede agregar hoy la debilidad de ciber seguridad que tienen el Poder Judicial y el Ministerio Público, órganos sobrepasados en el desarrollo de sus sistemas digitales y su capacidad para investigar o juzgar delitos complejos. El resultado exitoso solo puede provenir de la transformación del Estado análogo en un moderno estado digital. Para ello la solución es política, capaz de imponer una eficiente operación de mando, comunicación, información y control, lo que depende de digitalizar estructuralmente al Estado, no solo al gobierno. Un gran problema para la aspiración de un mejor Estado.
Coordinar Seguridad, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores, además de Interior que controla la ANCI y el Ministerio de Hacienda en materia de recursos es tarea política en estado puro, además de idoneidad técnica.
Poco se advierte cual sería hoy el núcleo político central en el actual gabinete. Por ello el nombramiento de la ex fiscal regional Trinidad Steinert como ministra de Seguridad, más allá de sus condiciones técnicas de investigadora criminal, parece urticante o insuficiente a muchos observadores de la coalición que llega al poder. Ello porque la seguridad es, ni más ni menos, la más importante nota de validación política en los primeros meses del futuro gobierno.
