Una situación estremecedora quedó al descubierto en la Región de Valparaíso, donde la justicia tomó medidas drásticas contra un matrimonio acusado de graves vulneraciones a los derechos de sus propios hijos,. La Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, en conjunto con la Fiscalía local, lidera una indagatoria que apunta a años de maltratos y agresiones sexuales bajo un régimen de aislamiento absoluto,.
Aislamiento y desescolarización
De acuerdo con los antecedentes presentados por el fiscal Álvaro Mansilla, los imputados —padre y madre de las víctimas— sometían a sus nueve hijos (ocho niñas y un niño de entre 2 y 20 años) a un entorno de control extremo. El persecutor detalló que los padres, «en una dinámica de secta mantenían desescolarizados e incomunicados» con el mundo exterior a los menores de edad.
Esta situación comenzó a salir a la luz tras una denuncia presentada por familiares ante Carabineros en 2024, lo que permitió a la Brisexme investigar hechos que habrían ocurrido de manera sistemática entre los años 2020 y 2023.
Graves cargos contra ambos progenitores
El escenario judicial para la pareja es complejo debido a la multiplicidad de delitos imputados:
- El padre: Fue formalizado como autor de abusos sexuales reiterados contra cinco de sus hijas, además de maltrato habitual y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar contra los nueve hermanos,.
- La madre: Enfrenta cargos como cómplice de los abusos sexuales hacia cinco de sus hijas, y como autora de maltrato habitual y abuso sexual sin contacto respecto de la totalidad del grupo familiar.
Justicia decreta máxima cautelar
Tras la detención concretada el pasado 15 de enero, el tribunal resolvió dejar a ambos progenitores bajo la medida de prisión preventiva,. La decisión se fundamentó en que su libertad representa un peligro inminente para la seguridad de la sociedad y, especialmente, para la integridad de las víctimas.
A pesar de la gravedad y lo extenso del periodo investigado, el fiscal Mansilla señaló que «la investigación está sumamente avanzada y casi concluida». El tribunal ha otorgado un plazo de 60 días para finalizar las diligencias pertinentes antes del cierre del caso.
