Por Santiago Escobar Sepúlveda y equipo de investigación de Desenfoque.cl
La manipulación de los procesos judiciales, ya percibida como una realidad incuestionable en Chile, está lesionando de manera significativa el Estado de Derecho. Corroe la certidumbre jurídica como bien público perfecto y la igualdad de los ciudadanos ante la ley como garantía constitucional. No obstante ello, poco o nada se ha hecho para investigar esto, lo que resulta grave para la seguridad como interés nacional del país.
Hoy es un hecho corriente que juicios civiles, laborales o querellas se traslapen unos a otros y que, en manos de abogados expertos, las formas procedimentales sirvan a la dilución de la justicia efectiva. Para ello, usan la discrecionalidad de tribunales y organismos de fe pública que intervienen en los procesos, y transforman el tiempo judicial como un factor estructural de esa incertidumbre, sea frenando o acelerando su transcurso en el desarrollo de los mismos.
Que ocurra, proviene en gran medida del diseño institucional del sector justicia y sus procedimientos, en el que ha predomina una noción vulgar de la autonomía de poderes, sin una preocupación de fondo sobre una convergencia de criterios y funcionalidad, que hoy demanda la compleja realidad del mundo actual. Esa noción vulgar genera zonas grises de administración en las instituciones, y la apropiación burocrática de los procedimientos que les incumben, haciendo que fallen los sistemas de equilibrio y control cruzado, indispensables para generar legalidad, legitimidad y equidad en la administración de justicia. El ejemplo clásico de descontrol está en las investigaciones de la Contraloría, del ministerio público y la activación de los órganos judiciales, y el hecho fehaciente de que estos últimos la mayor de las veces actúan sin escrutinio de nadie. Excepto de la opinión pública.
De lo anterior, surgen a veces querellas de competencia y no solución de controversias que pudieran convertirse en orientaciones generales de interpretación compartida (convergencia.). Normalmente los organismos prefieren omitirse y guarecerse en su estatuto de manera privativa, con lo cual pierde sentido el principio de sincronía constitucional e institucional de la administración del Estado.
La convergencia interpretativa u operativa necesaria no implica unanimidad sino de igualdad de principios de orientación general para cada competencia, a fin de que la ley no se utilice de parapeto lesivo de derechos una respecto de otra, y se evite la discrecionalidad arbitraria en el uso de los instrumentos judiciales, lo cuando ocurre, inevitablemente induce a la corrupción y el crimen organizado.
La captura del tráfico jurídico, especialmente aquel más complejo, desarma la débil tutela judicial al interior de los procedimientos, cuya existencia, débilmente formulada en nuestra legislación, debe deducirse por parte de los jueces y mayormente depende de actuaciones administrativas. La autonomía vulgar que se aplica es el origen de los escándalos del brazo administrativo PJUD que es su Corporación Administrativa, responsable de la distribución de causas, y de toda la corrupción de magistrados manifestada en arreglo de salas judiciales y los compromisos con operadores externos a ese Poder Judicial.
Un caso relevante.
En la historia judicial de Chile uno de los casos de mayor crudeza en materia de instrumentalización del sistema judicial ha sido la quiebra de Curauma S.A con todo el conjunto de procedimientos y juicios a que ha dado lugar. Por su complejidad, ella es digna de estudio de caso para la enseñanza del derecho en las universidades, por la amplia variedad de materias, competencias y actores judiciales, incluidos abogados y operadores jurídicos, que inevitablemente la convierten en un caso paradigmático, aún en curso luego de más de 13 años de duración.
Dentro de la compleja quiebra de Curauma S.A. se produjo una arista penal que acaba de terminar. Se trata de un juicio en contra de Manuel Cruzat Infante y su equipo de ejecutivos, en una querella motivada por una disputa por la apropiación de uno de los principales bienes de la fallida Curauma y uno de los terrenos urbanizables más valiosos de la Región de Valparaíso. La querella se presentó en junio de 2014 por una supuesta quiebra fraudulenta y falsedad documental en la quiebra de Curauma S.A., y se transformó en un proceso(arista) que se extendió por casi once años, acumulando más de 150 resoluciones, decenas de audiencias suspendidas, renuncias de defensores, y medidas cautelares que, de manera efectiva se convirtieron en un castigo anticipado para quienes figuraban como imputados. Todo ello como un juicio paralelo al juicio de quiebra de Curauma S.A. que los mismos querellantes de esta causa habían solicitado por medios fraudulentos e interpósita persona, en un juzgado de Santiago.
Tras años de desgaste económico, mediático y personal, la verdad judicial emergió por detrás de este parapeto judicial, gracias a la tenacidad de los imputados. En el primer semestre de 2025, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dictó el sobreseimiento definitivo, concluyendo formalmente que no existían méritos para sostener la acusación. El expediente deja constancia de resoluciones finales en que deja sin efecto las medidas cautelares (9 de mayo de 2025) y la audiencia que selló el cierre del caso del mismo mes. Todo lo cual confirmó que los cargos carecían de sustento, y que las medidas que mantuvieron paralizada a Curauma S.A. por más de una década eran desproporcionadas y sin justificación en materia penal.
Lo efectivo es que sí tenían relevancia para la estrategia global de acompasar en el tiempo el caso Curauma con lo que se desarrollaba en materia civil, y con la red de instancias e instrumentos jurídicos y administrativos, de la cual la querella era parte, para consolidar la apropiación de esos terrenos. Terreno en el cual radica uno de los principales valores económicos de la empresa.
Es decir, la querella mencionada solo tuvo el propósito de generar un hecho de “entorno” útil al propósito real de apropiación de esos terrenos. Así, la querella impulsada por Arturo Roa Benard, Fernando Escrich Juleff, Administraciones y Proyectos EuroAmerica S.A. (esta última filial de EuroAmerica Seguros de Vida S.A, controlada por Nicholas Davis Lecaros y Henry Comber Sigall, también accionista de casino Enjoy) y otros, terminó convirtiéndose en una herramienta para inmovilizar y presionar a Cruzat Infante. Las acciones legales han buscado bloquear la administración de Curauma S.A., generar incertidumbre entre acreedores e inversionistas, y forzar un escenario en el que tasados en más de US$500 millones pudieran ser adquiridos a precio de liquidación o mediante el control indirecto de las garantías, para generar una ganancia indebida de los operadores. En esto hay un puente colgante muy frágil entre actos de legalidad legítimos y un concurso de voluntades para engañar a la ley con un envoltorio de legalidad en busca de un ilegítimo premio económico al final del camino.
La finalidad: Curauma como botín
El tema es un extenso terreno urbanizable en la zona de mayor crecimiento proyectado del Gran Valparaíso, que lo constituye un activo estratégico de enorme valor. Los querellantes y sus abogados —encabezados por Álvaro Morales Pinto, María José Barros, Pablo Araya y otros— desplegaron tácticas que impidieron a Cruzat y su equipo explotar comercialmente el proyecto, deteriorando su posición financiera y reputacional, mientras el sistema judicial se convirtió en el escenario perfecto para la presión.
Los jueces que tramitaron la causa —Juan Fernando Opazo Lagos, María Carolina Herrera, Cecilia Villanueva, Rodrigo Carrasco y Carolina Araya— permitieron que el proceso se extendiera innecesariamente, evidenciando que la lentitud judicial puede ser utilizada como herramienta de desgaste y apropiación patrimonial.
El sobreseimiento definitivo dictado en 2025 cerró el proceso, pero no revirtió el daño. La paralización del proyecto Curauma por más de una década, la pérdida de oportunidades de inversión, y el desprestigio público sufrido por los acusados, son apenas para una justicia lenta, efectos colaterales de una mala situación económica. Mientras que hasta ahora, recién las autoridades regionales, como la Municipalidad de Valparaíso y, eventualmente el Gobierno Regional, empiezan a dar muestras de preocupación sobre un tema que está en el centro de los problemas de expansión y vivienda de la Región.
Este caso demuestra que, en Chile, el uso y abuso del sistema judicial es tan peligroso como cualquier forma de corrupción abierta cuando los tribunales permiten que el proceso se transforme en un castigo. Ahí, la justicia deja de ser un bien público y se convierte en arma para los intereses de quienes buscan lo que no pueden conseguir en el mercado.
