Las ciudades puertos son sitios de paso que ven cómo las mercancías transitan sin dejar nada a cambio.
El Canal de Panamá es una excepción, donde se paga por el aforo de la factura y por cada contenedor (TEU) que cruza entre el Pacífico y el Atlántico.
En Chile los barcos que utilizan los terminales pagan por la infraestructura al operador y los impuestos generales que van al fisco, pero los daños que causan las operaciones no son reparados ni por las empresas portuarias ni por las navieras.
La encuesta Signos Regional Encuesta Regional Signos 7 de marzo de 2025 preguntó sobre si las empresas portuarias deberían pagar un importe con beneficio para las ciudades puerto. La respuesta fue abrumadora: el 71,7% señaló estar de Muy de Acuerdo o de Acuerdo.
En San Antonio, el puerto natural de Santiago y el de mayor movimiento de carga en el país, se proyecta que este 2025 se transfieran 2 millones de TEU (contenedores) y 500 mil toneladas, entre ellos 250 mil vehículos.
Un cálculo somero de US$5 por contenedor o por vehículo que desembarca entregaría a la provincia de San Antonio 10 millones de dólares cada año, recursos que serían un royalty aplicado para el desarrollo de las ciudades puerto.
Para ello se necesita una ley y el Gobierno debería ocuparse de enviar un proyecto este año e intentar promulgarlo, toda vez que estamos en periodo de elecciones y varios de los parlamentarios irán en la papeleta.
El antecedente es la Ley del Royalty Minero que se sacó el año 2023, y el trámite en el Congreso logró generar conciencia entre los diputados y senadores, la que hoy puede extenderse a las ciudades puerto.
Son solo 2 café, nada que vaya a hacer peligrar la economía nacional.
