El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, aseguró que los ministros y ministras del máximo tribunal se encuentran comprometidos en administrar justicia “con apego irrestricto a la justicia y a las leyes de la República” corrigiendo las eventuales conductas indebidas en la que puedan incurrir sus miembros.
En la tradicional ceremonia de cuenta pública e inauguración del Año Judicial el presidente Ricardo Blanco reconoció que el año 2024 fue complejo para el máximo tribunal, pero aseguró que la Corte Suprema ha salido fortalecida y cohesionada al adoptar resoluciones que se estimaron apropiadas en derechos haciendo uso de los mecanismos que prevé la ley en estos casos.
La actividad fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, y a esta asistieron el presidente del Senado, José Garcia Ruminot; el presidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo; el ministro de Justicia y Derechos Humano, Jaime Gajardo; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi; la Contralora General de la República, Dorothy Pérez y diversas autoridades ligadas al sector.
“Con seguridad puedo decir que, a pesar del reto que implicó asumir esas decisiones, la Corte Suprema dictó las resoluciones que en derecho se estimaron apropiadas, lo que refuerza a esta institución en el apego a los mecanismos de control que el Estado de Derecho y la democracia prevén, haciendo posible, aún más, intensificar nuestra labor para fortalecer el adecuado funcionamiento de la administración de justicia y buscar soluciones que permitan reducir los riesgos de repetición de eventos de esa naturaleza. A esta tarea, todos los integrantes de esta Corte hemos sido convocados y nuestro compromiso es permanente”, dijo Ricardo Blanco.
Agregó: “Hoy puedo afirmar que luego de ese trance la Corte Suprema ha salido fortalecida, cohesionada y comprometida en renovar nuestro deber de administrar justicia, con apego irrestricto a la Constitución y a las leyes de la República.”
Añadió: “Por su parte, el Poder Legislativo, por medio del mecanismo que dispone la Carta Constitucional, destituyó de sus cargos a dos miembros de esta Corte, hecho que junto con producir un indudable impacto, ratifica la vigencia de los controles recíprocos entre poderes”.
Entre los principales avances impulsados el año 2024 mencionó:
- La elaboración de una propuesta que mejore la regulación ética con que cuenta la Corte Suprema cuyas primeras bases ya fueron objeto de debate en las jornadas de reflexión celebradas en octubre pasado, y que con un debate participativo y con apoyo de expertos de diversas disciplinas, dará frutos durante el presente año.
- la creación de una Sección de Control de Gestión de Causas, radicada en la Secretaría de la Corte Suprema para fortalecer el cumplimiento de las disposiciones para el orden de la vista y resolución de los procesos conocidos por el tribunal;
- el trabajo en sala extraordinaria de todos los ministros de esta Corte, para el conocimiento y resolución de causas truibiutarias, medida que está operativa desde noviembre pasado;
- el proyecto de una gobernanza de datos, abocada a establecer reglas, políticas, procedimientos y actividades que garanticen la calidad y confiabilidad de las cifras y avanzar en la interoperabilidad con otras entidades;
- la creación de una Comisión de Coordinación de ministras y ministros de la Corte Suprema a cargo de temáticas de DDHH ; y
- una Comisión de ministros de Cortes de Apelaciones Encargados de Asuntos de DDH, entre otras acciones.
Ética y gobierno judicial
El ministro Ricardo Blanco aseveró que la propia Corte Suprema lidera los esfuerzos para mejorar la regulación ética de los integrantes del Poder Judicial y que se encuentra comprometida en apoyar los cambios que se proponen para cambiar los sistemas de nombramientos de jueces que se tramitan en proyecto de ley en el Congreso Nacional.
“En cuanto a la promoción de normas que han de ser dictadas por el legislativo, reitero el permanente ánimo propositivo demostrado por esta Corte para perfeccionar el Gobierno Judicial y, en particular, el sistema de nombramientos, debate en que el Pleno ha sentado opiniones fundadas y reflexivas desde la década pasada y cuyo último pronunciamiento se dio a mediados de julio del año anterior, contenido que fue puesto a disposición de los órganos colegisladores.” , detalló el presidente
“Respecto del proyecto de reforma constitucional de nombramientos judiciales que se encuentra en discusión legislativa, en las pasadas jornadas de reflexión tuvimos ocasión de compartir opiniones en conjunto a destacados académicos y autoridades del ejecutivo. Además, en enero pasado dimos nuestra opinión formal sobre esta iniciativa ante la consulta que remitió el Congreso Nacional en el marco de su tramitación. El interés por aportar información en este ámbito estará siempre vigente, con el propósito de promover una reforma que, junto con fortalecer la objetividad del proceso de nombramientos y mérito profesional de los candidatos, asegure de manera permanente y en forma clara la protección de la independencia judicial.”
El presidente de la Corte Suprema abordó otros temas relacionados con la labor de los tribunales en la implementación de leyes que han sido tramitadas en el Parlamento y que se implementan con acuerdos colaborativas con otros órganos.
“Todas ellas han implicado para el Poder Judicial no sólo la articulación interna y preparación para su puesta en marcha, sino también diversas acciones que se han continuado aplicando durante el año 2024, tales como medidas de coordinación interinstitucional; el aporte para la elaboración de normas reglamentarias; la participación en comisiones y otras instancias similares; y la construcción de instrumentos de gestión interna para la aplicación de la nueva normativa. Junto con ello, hemos debido administrar recursos para cumplir los mandatos legales impuestos a nuestra institución, que con frecuencia no vienen acompañados de los incrementos financieros adecuados en las iniciativas legales respectivas.”, sostuvo
Añadió: “Aún conscientes de la competencia y posición que ocupa dentro de la institucionalidad de justicia, con los deberes de imparcialidad y objetividad propias de la jurisdicción, la disposición del Poder Judicial por integrar instancias de trabajo para la mejor operatividad de la ley es una demostración de nuestro compromiso y afán colaborativo para fortalecer la eficacia y el acceso a la justicia.
Transparencia en uso de recursos
El presidente del máximo tribunal abordó además la labor de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y aseguró que está trabajando mecanismos transparentes para la administración de recursos.
“Otro aspecto en que se puso acento es en la utilización de mecanismos más transparentes para el gasto presupuestario. Disminuyeron los tratos directos para las órdenes de compra y hubo un amplio uso de las licitaciones públicas, compras ágiles y convenios marco, herramientas que aseguran mayor transparencia y responsabilidad. Lo dicho es un claro ejemplo del manejo adecuado de las finanzas por parte del Poder Judicial.”, aseveró.
Sin embargo, advirtió sobre el recorte presupuestario que afecta al Poder Judicial y pueden amagar el trabajo de los tribunales de todo el país.
“(…) los logros en este tópico pueden verse amagados seriamente por actos exógenos, pues vemos con preocupación la reducción de más de 17 mil millones de pesos del presupuesto asignado al Poder Judicial para el presente año, que pone en riesgo la cobertura de suplencias de jueces y funcionarios, la seguridad informática e insumos de funcionamiento, inquietud que fue canalizada por los mecanismos institucionales pertinentes. Confiamos en que esta reducción de recursos será superada a medida que se ejecute el presupuesto, bajo la premisa que el servicio judicial, como función esencial del Estado y necesidad básica de las personas, requiere asegurar su continuidad.”
El presidente recordó que el Poder Judicial se busca seguir cumpliendo su misión social para responder las capacidades de los justiciables.
“La razón de existir del Poder Judicial es la de impartir una justicia de calidad, oportuna y accesible a la sociedad en su conjunto. Para seguir cumpliendo con esta importante misión social, tenemos que ser conscientes que debemos dar el máximo de nuestras capacidades para elaborar respuestas idóneas que permitan afrontar la creciente demanda y expectativas de los justiciables.” , cerró el presidente de la Corte Suprema.
