Ni las autoridades del Registro Civil ni el gobierno han dado una respuesta creíble sobre los problemas de pasaportes y cédulas de identidad de Chile desde el lunes 16 de diciembre pasado. El problema de fondo es que el programa fue un fiasco previsible por la postura del proveedor, IDEMIA, por la incompetencia del Registro Civil, que suscribió tratos directos por cientos de millones de dólares para “servicios complementarios” y posibilitar el funcionamiento del sistema, pero ocurrió lo previsto: fracasó. Todo en un proceso oscuro y de fuertes influencias políticas externas. Para decirlo en pocas palabras, atentatorio contra la imagen y la seguridad del país por el tema del cual se trataba: identidad de las personas.
La “segunda revolución” del RC anunciada hace seis meses por el ministro de Justicia de entonces Luis Cordero, nunca llegó. En un país que no hace previsión de riesgos, fue un secreto a voces que el nuevo sistema de pasaportes y cédulas de identidad tendría problemas graves de retraso e implementación. Re adjudicado a la empresa francesa IDEMIA (luego de revocar la asignación a un consorcio chino alemán, primer problema en su tiempo), se le inyectaron U$314 millones de dólares adicionales a los U$226 del contrato inicial. Todo con el mecanismo de trato directo, superando en 150% el costo calculado para 10 años.
El RC señaló que esos tratos directos eran necesarios para que el programa pudiera funcionar pues la licitación inicial de U$226 millones solo era para fabricar (sic) las cédulas y pasaportes, y que se requería de “servicios complementarios” para ponerlo en funcionamiento. Preguntado el RC en qué consistían esos “servicios complementarios” indicó que eran “muebles, repositorios digitales, enrutadores digitales de fila y cosas así”, cuyas “licitaciones fallaron” y por eso se entregaron con trato directo a IDEMIA, que daba seguridad con los plazos. Luego el RC asumió la responsabilidad de los retrasos, y argumentó ante la Contraloría “continuidad de servicio” para pasarle a IDEMIA los U$314 millones en “servicios complementarios”. Demasiado ambiguo y lesivo para el Fisco como para que a nadie le importe.
La prensa poco se ha interesado en mirar números y resultados, y la plausibilidad de un nuevo negociado. Ha escrito el problema a partir de la Visa Waiver y Estados Unidos, y muy poco más. Enfocado como un tema del programa de verificación digital de documentos de ese país (ESTA por sus siglas en inglés). Sugiriendo que apenas Estados Unidos “solucione su problema” estaría todo normalizado, sin aceptar que se trata de un diseño defectuoso nuestro y que, como hecho innegable, que las pruebas de validación exigidas a IDEMIA no se cumplieron eficazmente, lo que lesiona la imagen y la seguridad del país. En un momento en que tanto EE. UU como el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelandia y otros países implementarán a partir del 8 de enero autorizaciones electrónicas de viaje (ETA), o sea, aplicarán normas más rigurosas que las existentes, haciendo más extendido el problema.
Pero el tema es con todos los documentos de identidad. Las cédulas de identidad, además de defectuosas, tienen su tramitación paralizada o enlentecida en todo el país, lo que genera protestas airadas del público en contra de los funcionarios, y que los dirigentes sindicales indican que advirtieron a las autoridades sin ser escuchados en absoluto. Lo atribuyen al clima represivo aplicado por la Dirección sobre los funcionarios y al fuerte lobby político del estudio de abogados que asesora a IDEMIA, encabezado por Francisco Zúñiga (socialista) y Jaime Campos (PR) con amplias redes con todo el mundo del centro izquierda. Campos fue ministro de Justicia de Bachelet y el actual ministro de Justicia Jaime Gajardo Falcón, formó parte del estudio hasta el 2022, fecha en que renunció para ser subsecretario y hoy ministro.
Inevitablemente da vergüenza ajena. Expuestos a las influencias políticas, la irresponsabilidad de funcionarios incapaces queda impune; la credibilidad del Estado y sus instituciones se destruye; un proveedor comercial nos trata como colonia africana y se lo agradezcamos con U$314 millones por “servicios complementarios” que nadie audita y para que nada funcione. De vuelta al fondo del subdesarrollo.